España no prevé adoptar medidas migratorias contra los 500.000 ecuatorianos que viven en ese país luego de que fuera aprobada la ley de expulsión de inmigrantes clandestinos de la UE, dijo este jueves en Quito la secretaria española para Iberoamérica, Trinidad Jiménez.
"Por parte del gobierno de España no se va a producir ningún cambio que pueda afectar a la comunidad ecuatoriana que reside en nuestro país", declaró la funcionaria en el marco de su visita a la capital ecuatoriana.
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Entre tanto, en España la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció que su país endurecerá su política de inmigración, elevando el tiempo de internación de inmigrantes ilegales de 40 días a 60, y limitando las posibilidades de reagrupación familiar al cónyuge e hijos menores de edad.
Además, el Gobierno español ofrecerá la capitalización del subsidio de desempleo que tengan acumulado los inmigrantes para facilitar su regreso a los países de origen.
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Dijo que la nueva normativa pretende "facilitar el retorno a sus países a los inmigrantes que así lo quieran, decisión que corresponde a ellos tomar y que el Gobierno apoyará".
En Quito, tras la reunión con el Jefe de Estado, Rafael Correa, Trinidad Jiménez confirmó que el Gobierno español no hará "ningún cambio que pueda afectar a la comunidad ecuatoriana que reside en nuestro país”, debido a en la directiva de retorno que aprobó la Unión Europea.
La secretaria ibérica explicó al presidente Correa que los españoles se sienten satisfechos de que los migrantes ecuatorianos hayan escogido ese país para trabajar, según el sitio web de la Presidencia.
“Son personas que contribuyen a nuestro propio desarrollo”, dijo Jiménez. Agregó que “lo que el Parlamento europeo ha querido aprobar es un marco legal común y dentro de ese marco legal se tiene un margen de aplicación (…) los ecuatorianos que viven en nuestro país no deben tener ningún tipo de temor ”, aseguró.
La reunión se produjo un día después de que el Parlamento Europeo aprobara la Directiva de Retorno de Inmigrantes Irregulares, consensuada por los ministros de Interior de los 27 países de la Unión Europea, que contempla el internamiento, hasta por 18 meses, de los indocumentados que se nieguen a ser deportados.
Correa calificó ayer miércoles a esta norma como "la directiva de la vergüenza" y anunció que promoverá un frente de países andinos contra ella.
A la reunión asistieron la canciller María Isabel Salvador, los ministros coordinadores de la Política, Ricardo Patiño; y Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea; el secretario de Planificación, Fander Falconí, la secretaria de Cooperación Internacional, Ana Albán; y el embajador de España, Juan María Alzina.
La secretaria de Estado española para Iberoamérica aseguró que la nueva normativa de la Unión Europea no busca perseguir al inmigrante, sino ordenar su entrada y asimilación al viejo continente.
Pese a la indignación de los países sudamericanos, la funcionaria explicó que la directiva apunta a proteger a los propios inmigrantes, para evitar que puedan caer en redes mafiosas.
Jiménez partirá de regreso a Madrid hoy mismo, tras finalizar sus reuniones con los responsables gubernamentales ecuatorianos.