Consulta. Zonas tras autonomía. En Bolivia, el alto ausentismo y la derrota del No aviva la pugna del régimen y opositores.
El abrumador apoyo de los departamentos de Beni y Pando a dotarse de estatutos autonómicos –que se une al ya alcanzado en Santa Cruz– y la decisión del gobierno de Evo Morales de no reconocerlos reavivó una crisis política en Bolivia cada vez más difícil de desenmarañar.
El domingo pasado Beni aprobó su estatuto, una suerte de Constitución local que regulará el gobierno autónomo, con el 80% de los votos, mientras que en Pando el apoyo alcanzó el 82%, según sondeos no oficiales difundidos por cadenas de televisión que también resaltaron el alto ausentismo.
Publicidad
Los dos resultados, que se suman a Santa Cruz que aprobó sus estatutos hace un mes con el 85% de los votos, se producen en medio de declaraciones del gobierno de que estas consultas son consideradas ilegales y por tanto, inválidas.
Un cuarto departamento, Tarija, que concentra el 80% de la riqueza gasífera del país, realizará su consulta el 22 de junio, y se da por descontado que allí también será aprobado el modelo autonómico.
Publicidad
“Lo que nos interesa saber es qué dicen nuestros cuatro pueblos a través de las urnas (y) cuando se complete este cuadro de legitimidad vamos a estar en condiciones de hablar con claridad con el gobierno”, afirmó a la prensa el prefecto de Tarija, Mario Cossío.
La distancia con el gobierno quedó aún más lejos con el pedido de los prefectos opositores de Beni y Pando, Ernesto Suárez y Leopoldo Fernández, respectivamente, para que el Ejecutivo reconozca los resultados del referendo, y la respuesta anticipada del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, de no acceder a la demanda.
Rada, el poderoso ministro del gabinete de Morales, además de adelantar que los referendos son ilegales e inconstitucionales, dijo que “tienen un corte separatista, impulsado por las élites civiles y políticas de derecha”.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el otro colaborador poderoso de Morales, insistió que en las consultas de Beni y Pando hubo un ausentismo que en el caso del primero fue de 34% y en el del segundo del 46%, según datos extraoficiales de canales locales.
Quintana dijo que las “legítimas demandas autonómicas” de las regiones deberían ser compatibilizadas en la nueva Constitución, que aún no está en vigencia, en el diálogo que impulsa el Poder Ejecutivo.
En ese punto está el meollo del conflicto: Bolivia está sumida en una crisis política por visiones irreductibles del oficialismo, que apoya un proyecto de Constitución que la oposición considera ilegítimo, y una oposición que, en respuesta, apoya gobiernos autónomos
Regiones y gobierno han intentado dialogar sin éxito, y para solucionar el impasse, el Ejecutivo y el Congreso aprobaron para el 10 de agosto próximo referendos para revocar o ratificar al presidente y a los nueve prefectos, medida que analistas consideran no servirá para amainar el temporal político.
A una filial de Shell
El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó ayer el decreto de expropiación de la empresa petrolera Transredes, filial de la Shell Gas y la británica Ashmore, en las instalaciones de la compañía en Santa Cruz.
Los acusó de conspiración
Morales defendió la expropiación como parte de la “lucha del pueblo boliviano para recuperar los recursos naturales” y acusó a la empresa de conspirar contra él tras no lograr un acuerdo con los accionistas.