Colombia consideró como un “acto inamistoso” y un “flagrante abuso del principio de la buena fe” que Nicaragua haya empleado un avión militar para trasladar de Quito a Managua, y por el espacio aéreo colombiano, a dos presuntas rebeldes heridas en el bombardeo a una base de las FARC en Ecuador.

En una “enérgica protesta” divulgada ayer en Bogotá, el canciller colombiano, Fernando Araújo, expresó a su par nicaragüense, Samuel Santos, que actos como este “abiertamente afectan la confianza” entre ambos gobiernos.

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Araújo advirtió que su gobierno registra “con sorpresa” que Managua haya utilizado, al parecer, una aeronave de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua para transportar  a las colombianas Martha Pérez y Doris Bohórquez.

Ellas son presuntas rebeldes de las FARC que resultaron heridas junto a la mexicana Lucía Morett en el  bombardeo, donde murió  el líder de las FARC, Raúl Reyes.  Como Morett, quien viajó a  Managua hace dos semanas, las  colombianas lo hicieron el domingo, también en condición de asiladas.

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Ambas son “sospechosas de pertenecer a grupos terroristas”, agregó Araújo, quien reveló que el Gobierno nicaragüense le había solicitado de manera previa al de Colombia “la autorización de sobrevuelo sobre espacio aéreo colombiano”.

La petición, añadió Araújo, se hizo “bajo el supuesto de que su misión era el traslado de personal en gira oficial a la República de Ecuador, motivo por el cual se autorizó dicho permiso”.

 El canciller aseguró que se violó el artículo tres de la Convención sobre Aviación Civil Internacional, suscrito en 1944, que establece que ningún avión estatal de un Estado miembro podrá volar sobre otro o aterrizar en él sin haber obtenido autorización y, en caso de tenerla, lo hará con las condiciones en las que fue concedida.

“El Gobierno de Colombia se declara profundamente preocupado por este flagrante abuso del principio de la buena fe, el cual debe prevalecer en las relaciones entre estados, con el objeto de favorecer personas allegadas a grupos terroristas”, notificó Araújo.

Mientras tanto, el canciller nicaragüense Samuel Santos será citado ante la Asamblea  para explicar por qué el Gobierno alquiló un avión para trasladar de Quito a Managua a las dos presuntas guerrilleras y el asilo que se les otorgó, cuando tenían un caso pendiente con la justicia de Ecuador, informó una fuente parlamentaria.

Demanda
El abogado colombiano Abelardo de la Espriella anunció ayer que presentará una demanda penal contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa, a petición de la oposición de ese país, tras conocerse el contenido de las computadoras del número dos de las FARC, Raúl Reyes.

Contratado
De la Espriella declaró a la radio bogotana La FM que fue contratado por el Partido Sociedad Patriótica de Ecuador  para presentar la demanda contra Correa por presuntos apoyo a las FARC.

Aliado
El PSP “simplemente está denunciando a un jefe de Estado que está aliado con un grupo terrorista”, señaló.

No es viable
El ex fiscal general colombiano Alfonso Gómez  dijo que el proceso contra el presidente Correa no es viable jurídicamente, porque goza de fuero de gobernante.

Inmunidad
De la Espriella dijo que la Convención de Viena “se refiere a inmunidad diplomática y no presidencial”.