La semana anterior, la Coordinadora por la Vida y la Salud de los Pueblos resolvió bloquear las vías interprovinciales, pero, tras conocer la aprobación del mandato minero, dio marcha atrás en la medida. Ayer resolvió movilizarse para exigir la suspensión de la exploración y explotación minera en Azuay, Cañar, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Carlos Pérez Guartambel, síndico de las juntas de agua en las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, dijo que el mandato “pudo ser mejor”.
En Quito, la Asamblea Nacional Ambiental, que agrupa a siete organizaciones, manifestó –en un foro– su apoyo parcial al mandato, pues si bien destaca la caducidad de las concesiones en áreas naturales protegidas o bosques protectores, discrepa con que se mantengan algunas concesiones. Para los ambientales es preferible una moratoria minera.
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El asambleísta Norman Wray (PAIS), invitado al foro, dejó abierta la posibilidad de consultar el ingreso o no de la minería a gran escala, “porque la pequeña y mediana entrará a ser regulada”. Tras el debate, los ambientalistas marcharon por el centro de Quito, gritando consignas contra las mineras.