Mandato minero fue aprobado por la Asamblea

El llamado mandato minero fue aprobado esta tarde por el pleno de la Asamblea Nacional Constituyente. La resolución contó con el voto favorable de 95 asambleístas, 1 voto en contra y 25 abstenciones.

El análisis de su contenido, que arrancó en la sesión plenaria, provocó que incluso Alberto Acosta, presidente de la Asamblea, se colocara en su curul de asambleísta para defender al mandato.

Este cuerpo legal, que cuenta con 12 artículos y cuatro dispociciones finales, deja sin efecto todas las concesiones mineras que no hayan realizado inversiones, que tengan obligaciones pendientes con el Estado, o que se encuentren en áreas protegidas.

Se da 180 días de plazo para la elaboración de una nueva Ley Minera.

Mae Montaño, del Movimiento UNO, señaló que el mandato no tiene la información necesaria para establecer si los objetivos del documento tienen fundamentos.

Diana Acosta, del oficialista PAIS, también se pronunció en contra del mandato por considerarlo ilegal y anti jurídico.

Según datos estadísticos de la Asamblea, el 12% del territorio ecuatoriano está concesionado por empresas dedicadas a la explotación minera, y se han otorgado 3.298 concesiones que abarcan 2 millones 300 mil hectáreas.

Recursos naturales
La eliminación de un artículo que da la potestad a las comunidades de consentir la explotación de recursos naturales, del capítulo de la Naturaleza y Medio Ambiente, ha dividido a los integrantes de la mesa de Recursos Naturales.

La decisión tomó por sorpresa a algunos de los asambleístas, debido a que en un primer informe la comisión aprobó que “el Estado antes de iniciar una actividad relacionada con la explotación de recursos naturales, debe contar con el consentimiento de la población afectada”.

Pero, 24 horas después este artículo fue eliminado.

El Movimiento Popular Democrático, que apoyó inicialmente el artículo, cambió de opinión luego de una llamada del Presidente de la República, Rafael Correa, por considerar que para ese tipo de concesiones debe primar el interés nacional, y no el de determinado sector del país.

Quienes apoyan el cambio aseguran que en artículo 13, del mismo capítulo, se garantiza que las comunidades serán consultadas previamente, pero su opinión no será determinante.

Mónica Chuji, de PAIS; Manuel Mendoza, de Sociedad Patriótica; y César Grefa, de Pachakutik, quienes no comparten ese criterio, elaborarán un informe de minoría por considerar que deja la puerta abierta para este y otros gobiernos negocien con empresas transnacionales sin tomar en cuenta a las comunidades.

Los artículos aprobados, que son siete, además de la creación de la Superintendencia y Defensoría del Ambiente, serán remitidos a la Mesa Directiva la próxima semana para que sean puestos a conocimiento del pleno.