Registros de la Fiscalía revelan que en lo que va de este año hubo 468 denuncias.

La ciudad que hasta hace una década era tranquila, cada vez se torna más insegura por el incremento paulatino de asaltos a mano armada a las personas en la vía pública durante el día, al igual que a locales comerciales, domicilios y  vehículos.

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También existe un incremento de los asesinatos, que aunque son considerados aislados por Edwin Aguirre, comandante encargado de la Policía Azuay Nº 6, asustan a los cuencanos, quienes en el primer trimestre de este año conocieron, a través de los medios de comunicación, de 16 víctimas por esta causa.

Sin embargo, el delito de mayor incidencia en Cuenca es aquel que se comete contra la propiedad, que alcanzó 150 denuncias en enero, según registros de la Policía Judicial y en la Fiscalía. En febrero y marzo hubo 159 robos.

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Las estadísticas revelan que también hay un aumento en el número de menores infractores. El registro señala que en enero se retuvo a 35, en febrero a 56 y 72 en marzo, la mayoría por uso de drogas y escándalos vinculados con pandillas. En menor incidencia están los robos y asaltos.

La ministra fiscal distrital, Julia Elena Vázquez, estima que la delincuencia aumentó por el número de denuncias que llegan a la Fiscalía y por las aprehensiones efectuadas.

Según la funcionaria, existen varias causas para el incremento de la inseguridad en las calles de Cuenca y la provincia del Azuay. Entre ellas, el desempleo, la migración no controlada y los bajos niveles de educación. Agrega que en la Fiscalía se presentan quejas de delitos que alteran la seguridad, que si bien no lesionan gravemente a las víctimas, su número acrecienta la peligrosidad.

Aclara que  los delitos más comunes son los robos a domicilio y en la vía pública.

Debido proceso
El sistema de justicia penal, donde están involucrados jueces, fiscales y policía, debe dar respuestas rápidas, dice la ministra fiscal.

Vázquez señala que la idea es trabajar en un conjunto de acciones y políticas de instituciones públicas, privadas y la ciudadanía que permitirán devolver la seguridad.

Las políticas deben corregir los errores de los operadores de justicia que siempre reclaman los ciudadanos y que están relacionados con la necesidad de una mayor celeridad, honestidad y transparencia, sostiene la ministra fiscal.

También plantea la necesidad de reformar el Código Penal en el listado de delitos, que ofrezca alternativas para aplicar el principio de oportunidad, es decir, dé solución a las causas de los hechos que son motivo de conflicto social.

“En otros países la solución al delito no necesariamente termina con una pena, sino con acuerdo reparatorio (puede ser económico) entre la víctima y el opresor”, explica la Ministra.

Para ello –dice– se requiere de un mayor número de fiscales, personal de apoyo técnico policial, especialistas en investigación criminal, que aporten a la labor de la Fiscalía, seguridad y de persecución penal.

TESTIMONIO: Víctima

María Isabel Andrade
EDAD 32
Título Comunicadora Social

Robo de memoria de vehículo
“A fines de diciembre del año anterior dejé mi carro parqueado en la avenida Guayas, con la intersección de la Azuay (sector aledaño al Centro Histórico), a las 15:00. Primero almorcé por el sector y luego fui a mi oficina a menos de 30 metros donde dejé mi vehículo.

Cuando regresé a las 18:00 intenté encenderlo, pero no arrancaba, luego vi muchos alambres sueltos y después supe que se llevaron el cerebro electrónico, por lo que opté con colocar una placa.

Esa medida fue peor porque al mes siguiente fui a dar un taller en la escuela Luis Cordero y estacioné mi vehículo en el parque contiguo (Centro Histórico), y cuando salí, después de una hora, me sorprendí porque otra vez se llevaron la memoria del carro y destrozaron la protección, la secreta y el bloqueo y la alarma no sirvió de nada. El nuevo arreglo me costó  1.500.

No pude hacer ninguna denuncia porque en la Policía me dijeron “mejor arregle su carro porque en esta ciudad se roban de doce a quince cerebros de carro al día”.

ANTECEDENTES: Policiales

Central de llamadas
El servicio de emergencia 991 receptó 2.450 llamadas de auxilio desde enero hasta marzo pasado.
De este número, 1.088 fueron reales y 1.362 falsas.

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