Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas, dice que está cansado de aplicar un sistema estricto de control para la recaudación de impuestos, mientras la justicia no cumple con su función en el despacho de juicios que perjudican al Estado por unos 800 millones de dólares por lo que pedirá al Gobierno se declare la emergencia tributaria.
Son cerca de 6.000 juicios en el país, algunos pendientes desde hace 20 años, explica.
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Carrasco afirma que se ha dialogado con los organismos respectivos y se ha acordado la necesidad de ampliar el número de tribunales distritales fiscales y de salas. “Unas tres en Quito, tres o cuatro en Guayaquil, una en Cuenca y otra en la Corte Suprema de Justicia, en la sala especializada de lo tributario para despachar la cantidad impresionante de juicios pendientes, esto como parte de la emergencia”, sostiene.
El funcionario criticó particularmente la actuación del Tribunal Distrital Fiscal del Guayas, a la que calificó de un monopolio ineficiente porque en los últimos quince años solo ha resuelto el 19% de los juicios existentes. De 3.232 juicios, 742 han sido sentenciados y en los últimos cuatro años, el 7% de los juicios activos, menciona.
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Según Carrasco, la entidad judicial en el Guayas ha actuado en forma contraria al interés general, pues, en los últimos cuatro años, el 94% han sido en contra de la administración tributaria, y en lo que va del año, el 100%, 14 casos, dijo tras cuestionar a los tres miembros que conforman el Tribunal Fiscal.