Un juez ordenó la detención de la presidenta de la Asamblea Constituyente y de otros seis miembros de la directiva debido a la negativa de éstos a declarar en un proceso por resoluciones aprobadas en ese foro.
El juez de instrucción Iván Sandoval, de la corte de Chuquisaca, en el sur, ordenó el lunes la detención de la presidenta Silvia Lazarte alegando normas que disponen que el imputado será declarado rebelde cuando no comparezca sin causa justificada a una citación de autoridad.
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Sin embargo, el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Roberto Aguilar, calificó el proceso de político y alegó que los seis imputados tienen el respaldo de un hábeas corpus (derecho del ciudadano a comparecer ante un tribunal) en contra de las resoluciones del tribunal de Chuquisaca que decidió iniciarles la demanda.
No nos vamos a someter a un juicio político en el que no hay garantías, declaró Aguilar a periodistas en La Paz, e indicó que no acudieron a convocatorias previas porque no hay garantías para un proceso imparcial en Sucre, capital de Chuquisaca.
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La demanda fue planteada por dirigentes cívicos de Chuquisaca después de que la Asamblea Constituyente decidiera en agosto del año pasado y por voto de sus miembros eliminar del debate constitucional la demanda para que el Ejecutivo y el Legislativo retornen a Sucre, capital histórica de Bolivia.
El foro decidió no considerar el tratamiento de ese asunto para evitar una confrontación con La Paz que desde 1899 es asiento de esos dos poderes.
Las protestas obligaron a cerrar los debates de la constituyente en Sucre tras un choque entre opositores al gobierno y la policía que dejó tres civiles muertos a finales de noviembre.
Esas protestas y la posterior aprobación del texto constitucional en otra sede y sin la presencia de la mayoría de la oposición puso en tela de juicio el proyecto constitucional aprobado en diciembre y que debe pasar por dos referendos antes de entrar en vigencia. Por el momento no hay fecha para esas consultas.