Domingo 27 de enero del 2008 Política

Ex gerentes de la AGD viven bajo la sombra

Por María Alejandra Torres

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QUITO. Édgar Velasteguí, secretario general de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), mientras muestra el extenso archivo que mantiene esta institución.

Cuatro ex gerentes de la AGD con procesos judiciales en curso esperan su  amnistía. Solo uno, Carlos Arboleda,  circula libremente en el país   luego de su excarcelación. 

Luis Villacís, Wilma Salgado, Carlos Arboleda y Alejandra Cantos  llevan años intentando resolver sus procesos judiciales  y ahora ven en la Asamblea a su “juez supremo”, pues –a pedido del Gobierno– podría  concederles una amnistía.

Villacís,  Cantos y Salgado no pueden circular libremente por el país; solo la última regresó a Ecuador, pero permanece refugiada en un edificio que tiene inmunidad (la Universidad Andina), por lo que la Policía no puede entrar a ejecutar la orden de prisión que pesa sobre ella.

Solo Arboleda circula libremente por el país  luego de lograr su excarcelación por estar preso sin sentencia por más de un año (29 meses).

Culpables o inocentes según a quiénes se pregunte, pero   con un elemento en común.  Luis Villacís Guillén, Wilma Salgado Tamayo, Carlos Arboleda Heredia y Alejandra Cantos Molina comparten algo que los diferencia de los otros once gerentes que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) ha tenido en sus más de nueve años de vida: ellos abandonaron abruptamente sus cargos para enfrentar penurias a causa de sus actos.

Villacís (2000-2001) ha  trabajado como chofer y cargador en EE.UU. para conseguir el justo dinero para mantenerse; Salgado  (2003-2004)  ha vivido autoexiliada en un hotel de Colombia; Arboleda (2004-2005) permaneció 29 meses en la Penitenciaría del Litoral sin una sentencia; y Cantos (2005-2007) atraviesa la fase más dura de su enfermedad –un cáncer– lejos de su familia en Venezuela, donde obtuvo asilo político del régimen.

Desde la semana pasada comparten una segunda característica:  por pedido del Gobierno a la Asamblea Constituyente podrían, en los próximos días, acceder a la amnistía si en el pleno la mayoría oficial así  lo decide.

Ellos forman parte de la extensa nómina de la AGD que, desde su creación en el Congreso, el 28 de noviembre de 1998, ha acogido a quince gerentes. Una institución marcada por la inestabilidad, donde los titulares han durado en sus puestos des-de cuatro días hasta 23 meses.

Todos hablan de una persecución en su contra y de la politización en el sistema judicial, pero solo dos de ellos, Salgado y Arboleda,  responsabilizan a la misma persona a la que hizo alusión el presidente Rafael Correa cuando, en su informe a la nación el 15 de enero pasado, pidió la amnistía para ellos: León Febres-Cordero y grupos económicos que consideran afines al Partido Social Cristiano (PSC).

Para ejemplificar esta “intervención”, Salgado y Arboleda hablan de las primeras administraciones de la AGD que –dicen–  fueron “a la medida”.
Mencionan, por ejemplo, al primer gerente de esta entidad,  James McPherson Febres-Cordero, pariente del líder del PSC. “Además,  era administrador de uno de los bancos en saneamiento, él era juez y parte”, dice Salgado.

Pero el presidente nacional del PSC, Pascual del Cioppo, le resta importancia porque cree que tanto el Gobierno como los ex funcionarios responsabilizan al partido “porque se ha vuelto de moda”. “No he seguido sus casos y no puedo opinar sobre ellos, pero no sé de qué persecución hablan.  Al menos delante de mí no; nunca he escuchado ni al ingeniero Febres-Cordero ni adentro del PSC que se haya perseguido a la AGD”, señala.

Quienes defienden a Villacís y Cantos le endosan la culpa al sistema judicial del país influenciado por banqueros de las entidades que cerraron sus puertas.

En todo caso, durante el actual Gobierno, funcionarios de la AGD se han reunido con la Fiscalía y la Procuraduría para entregar información que permita extraditar a los ex accionistas de los bancos cerrados.

La AGD aún tiene una cartera por cobrar de $ 1.800 millones, según el  actual gerente (e) de la entidad, Oswaldo Padilla, quien al ser consultado por los casos que sigue la institución –en una entrevista solicitada con antelación– se limita a responder que “recién” lleva dos meses en ese  cargo (aunque antes, desde mayo del 2005, era gerente de activos) “y mal puedo en este tiempo tener todo lo de la AGD”.

Sin embargo, hay procesos que todavía no se concretan. Por ejemplo, según Padilla, aún se  negocia con Agustín Febres-Cordero, hermano de León Febres-Cordero, el esquema de pagos de la deuda que tiene (hasta la reestructuración que la AGD le aprobó en julio del 2005 era de $ 25 millones), pese a que este proceso ya había sido tratado por ex gerentes que hoy se encuentran en líos judiciales.

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