Entre  1.500 y 1.600  internos  se beneficiarían del indulto anunciado por el Presidente.

Los indultos para las “mulas” del narcotráfico solicitados por el presidente Rafael Correa serán dedicados principalmente a mujeres que no sean reincidentes. El Ministerio de Justicia es el encargado de establecer los parámetros jurídicos y técnicos, puesto que el  75% de la población carcelaria de mujeres paga una pena por haber transportado droga en sus cuerpos.

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Así lo señaló ayer el coordinador de contenidos entre el Ejecutivo y la Asamblea, Augusto Barrera, quien comentó que extraoficialmente conocen que hay  1.100  detenidos por mulas y de este número se revisará cuáles son los casos a los que se puede aplicar un indulto.

El análisis será uno por uno, dijo el primer vicepresidente de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), quien explicó que para emitir el mandato de los indultos se tiene que  especificar los nombres, la situación en la que se encontraba e incluso incluir su número de cédula.

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Asimismo lo ratificó el ministro de Justicia, Gustavo Jalk, quien dijo que los casos se estudiarán individualmente en coordinación con los asambleístas de PAIS, el Ministerio de Justicia y la Presidencia.

PAIS realizó una división del pedido del Jefe de Estado en indultos, amnistías y el caso del ex presidente Gustavo Noboa, con quien no buscan ningún acercamiento, pero del que están convencidos que se utilizó a la justicia para una venganza política personal.

Sobre las amnistías se mantienen como las solicitó originalmente el Primer Mandatario, indicó Barrera. Es decir, para los ex gerentes de la Agencia de Garantía de Depósitos, aunque el caso de Wilma Salgado debe ser analizado, puesto que  no se quiere que beneficie al que fue su abogado de coactivas, Bolívar González.

En los casos de los dirigentes de Correos del Ecuador y de los pobladores de Dayuma, se trata de una reconciliación. Con los primeros el Gobierno había firmado un acuerdo, pero igual se tomaron el edificio central en Quito, y en lo de Dayuma fue una protesta contra el Gobierno, cuando la obra que reclamaban debía ser para el Consejo Provincial.

En tanto la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, está definitivamente excluida de la lista, porque las razones por las que está detenida tienen que ver con corrupción.

Barrera expresó que en el interior del Ejecutivo se tenía previsto que después de la propuesta del Presidente de la República para indultar y amnistiar a ciertas personas, iba a venir una ola de pedidos.

Explicó que la intención no es incorporar nuevos casos, aunque el miércoles pasado, por unanimidad la Comisión de Legislación y Fiscalización, consideró que sumará a los posibles amnistiados a los militares que participaron en la rebelión de la base de Taura durante el régimen del ex presidente León Febres-Cordero.

TEXTUALES: Opinión

Augusto Barrera
“Las ‘mulas’ son mujeres migrantes y el último eslabón de la cadena... cuando les detienen no les ponen ni abogado”.