La cuencana, que cumple una pena de 3 años por peculado, podrá salir tres días de la cárcel de Quito.
Sandra Correa, quien fue ministra de Educación en el gobierno del roldosista Abdalá Bucaram, consiguió desde el pasado miércoles –a través de sus abogados– la prelibertad, sistema con el que en Ecuador los presos pueden salir determinados días de la cárcel donde se encuentran recluidos.
Correa fue sentenciada en enero pasado a tres años de prisión por estar implicada en el delito de peculado, infracción en la que también está involucrado el ex mandatario Bucaram, por la suscripción –durante su gobierno– del contrato para la aplicación del proyecto Mochila escolar gratuita.
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Washington Yaranga, director de la Cárcel de Mujeres, señaló que con la prelibertad la ex funcionaria tiene que permanecer cuatro días en La casa de confianza, ubicada en la cárcel Nº 2 (centro de Quito), y agregó que puede estar tres días fuera de ese lugar.
“Cuando cumplen las dos quintas partes de la pena impuesta, las reas hacen los trámites correspondientes, con los informes de diagnóstico, comportamiento, y cuando tienen su sentencia ejecutoriada se acogen a esa modalidad de prelibertad”, explicó.
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La ex secretaria de Estado fue capturada el 11 de junio del 2006, luego de permanecer prófuga por varios años. En enero, cuando fue juzgada, el presidente de la Corte Suprema, Jaime Velasco, argumentó que la cuencana incumplió las disposiciones de la Ley de Contratación Pública y de su Reglamento al favorecer a la empresa contratista colombiana Promotora de Intercambio S.A., lo que perjudicó al Estado local.
El caso Mochila escolar, programa que se aplicó durante el gobierno del líder roldosista, perjudicó al Ecuador con alrededor de $ 15 millones, de los $ 40 millones que costaba el proyecto, según la planificación presentada en ese entonces.
Todo ese proceso se inició con la firma de un contrato con la empresa colombiana Promotora de Intercambio, que debía proveer al Estado de 1,2 millones de mochilas escolares.
En las investigaciones procesales, según el juez, se comprobó la existencia de peculado.
Pese a que ese delito es sancionado con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años, Velasco condenó a Correa a tres años de reclusión menor, por tratarse de una persona sin antecedentes de peligrosidad.
Además de perder su libertad, Correa quedó incapacitada permanentemente para desempeñar cargos públicos y debía pagar una indemnización por daños y perjuicios al Estado.
Con el accionar en su administración, según el magistrado, la ex ministra dispuso y abusó de los fondos públicos en forma arbitraria y en beneficio exclusivo de la contratista.