El juez chileno Carlos Cerda, quien ordenó el pasado jueves la prisión de la viuda, los cinco hijos y 17 colaboradores del fallecido dictador Augusto Pinochet, dispuso ayer la libertad provisional a los familiares del ex jefe de Estado.

El día previo a la orden de libertad, Cerda envió a los Pinochet a la cárcel por acusaciones de delitos de malversación de fondos públicos. Ahora ellos deberán pagar una fianza de casi $ 600 y con consulta a la Corte de Apelaciones, lo que implica que ese tribunal debería aprobar o rechazar hoy el beneficio sugerido por el juez.

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La corte de apelaciones debe resolver hoy si mantiene libres a 22 de 23 procesados.

La detención el pasado jueves de la viuda y los cinco hijos del fallecido ex dictador chileno Augusto Pinochet, que recibieron ayer de un juez la orden de libertad provisional, marcó un nuevo episodio en una familia caracterizada por escándalos financieros.

El arresto de la viuda, los hijos del ex dictador y 17 colaboradores más, entre ellos dos militares activos, se produjo diez meses después de la muerte de Pinochet, quien también fue procesado por estos casos pero nunca condenado.

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Todos los arrestados, menos uno que no se presentó a tribunales, recibieron ayer del juez Carlos Cerda, quien había ordenado su detención, la libertad provisional.

Cerda consideró un día después que no existían elementos para mantener la prisión, pese a la gravedad del delito que se les imputa. La situación de los detenidos está ahora en manos de una corte de apelaciones, cuyo fallo se estima para hoy.

La familia arriesga penas de prisión de entre 10 y 15 años por haber colaborado en un intrincado mecanismo ilegal que permitió el desvío de fondos reservados por más de $ 20 millones desde 1981, en plena dictadura de  Pinochet (1973 a 1990).

Los “pinocheques”
El arresto del jueves es el último episodio de casos que demuestran irregularidades continuas por más de 25 años, la primera de las cuales, conocida con el sugestivo nombre de los “pinocheques”, fue develada cuando comenzó la transición democrática en 1990.

El protagonista de este caso fue Augusto Pinochet Hiriart, quien recibió un cheque de $ 3 millones por una oscura transacción de armas, cuya investigación se inició pero que, ante amenazas veladas de los militares, fue paralizada por el presidente Eduardo Frei, quien invocó razones de Estado.

Pinochet Hiriart tendría además una condena en el 2005 de 541 días de prisión por la compra de un auto robado y posteriormente recibió una multa por porte ilegal de armas.

Otro caso sonado fue el de Lucía Pinochet, la hermana mayor, de 63 años,  quien a comienzo del 2006 escapó a una orden de captura por evasión fiscal y falsificación de documentos, viajando por tierra a Argentina y volando desde allí a Estados Unidos, donde se le negó el asilo y fue expulsada.

Marco Antonio, en tanto, ya estuvo detenido en el 2005 por evasión tributaria, mientras Jacqueline y Verónica, las otras dos hermanas,  vivieron con más discreción.

Los cinco hermanos fueron acusados por el juez Cerda de participar en el esquema de ocultamiento de cuentas y de beneficiarse del dinero  público traspasado a sus cuentas.

Lo mismo va para la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart, de 84 años y hospitalizada desde que se le informó su arresto, quien está muy comprometida –según el juez– en las maniobras de desvíos de  fondos, por lo cual fue arrestada en el 2005.

En 1984, Lucía Hiriart dijo que si fuera jefa de gobierno sería “mucho más dura que mi marido”.

Para Gonzalo Townsend Pinochet, sobrino del ex dictador, “en cuanto a la plata, mi tío era un hombre probo. En esto está más involucrada la señora Lucía”, dijo ayer.