Las últimas reformas a la Ley de Hidrocarburos indican que el Estado recibirá al menos el 50% de dichos ingresos, lo cual –según el Gobierno– le permite reglamentar la participación estatal para elevarla.
El Mandatario insistió que, a través de esta política, su gobierno ratifica “que el petróleo es de todos los ecuatorianos”.
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El documento se firmó con la presencia del procurador del Estado, Xavier Garaicoa, y modifica el reglamento de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, que fueron aprobadas en el gobierno de Alfredo Palacio.
Correa justificó la medida al señalar que es “insuficiente que el Ecuador reciba el 50%”; sobre todo, si se toma en cuenta que –durante años– las petroleras privadas triplicaron y hasta cuadruplicaron sus utilidades, ya que el precio del barril de crudo ha llegado a superar los $ 80 mientras que el precio base de los contratos se ha mantenido entre $ 15 y $ 18.
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De ese excedente, las compañías extranjeras se llevaban hasta el 82%, mientras que el restante 18% se quedaba para el Estado.
Así lo recordaron el ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, y el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera.
Ellos negaron que la decisión presidencial implique una modificación o alteración en los contratos de participación suscritos con las petroleras.
Según Chiriboga, los intereses de esas compañías no están siendo perjudicados, pues los precios base fijados en cada contrato se mantienen.
“Cuando hablamos del precio incremental hablamos solo de lo que está por encima del precio base y eso es propiedad del Estado y no de las empresas”, señaló.
El Ministro recalcó que, a partir de la firma del decreto, las petroleras solo tendrán derecho al 1% de los excedentes y señaló que es improbable que por esta decisión las compañías suspendan sus operaciones o abandonen el país.
Mera, en tanto, indicó que no existía ningún argumento legal que impida al presidente Correa tomar esta decisión.
“En el 2006 se estableció que la participación en los excedentes era al menos del 50% (...) entonces el Presidente puede establecer una participación entre 50% y 100% y ahora ha establecido 99%”, dijo el asesor jurídico, quien agregó que el Mandatario no teme que su decisión genere alguna demanda legal nacional o internacional.
En el mismo sentido se pronunció Chiriboga, quien confirmó que el lunes próximo se reunirá con representantes de varias petroleras que han manifestado su deseo de renegociar los actuales contratos de participación por otros de servicios prestados.
El funcionario explicó que se calcula que en los campos explotados por las firmas extranjeras existe un remanente de 856.000 millones de barriles de petróleo hasta el 2024; por ello, dijo, el decreto implica un enorme beneficio. Una fuente del Ministerio de Economía informó a este Diario que la medida supone un ingreso adicional de $ 700 millones al año.
