El problema judicial que enfrentaba desde agosto del año pasado Flavio Barros, alcalde de Chordeleg (Azuay), acusado de alterar documentos públicos, concluyó ayer tras la resolución de la 1ª Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Cuenca que lo sentenció a 9 años de reclusión.

El martes pasado Barros llegó a la última audiencia de su juicio junto a sus coidearios y expresó “tener confianza” en que la justicia demostrará que no es culpable del delito.

En enero pasado el Concejo Cantonal de Chordeleg removió a Barros, quien estaba en la clandestinidad, ya que el 16 de octubre del año anterior la Corte ordenó su detención y desde entonces daba órdenes a sus funcionarios por teléfono.

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El organismo tomó esa resolución con el argumento que Barros incurría en la causal que consta en el art. 76, literal G, de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que establece que todo funcionario municipal no podrá continuar en su cargo cuando recaiga sobre su nombre un auto de llamamiento a juicio penal.

La denuncia de falsificación de documentos públicos, la presentaron nueve funcionarios de la Municipalidad, que tras firmar un oficio solicitado por el Alcalde, relacionado con el pago puntual de sus remuneraciones, encontraron un párrafo al final de la hoja en el que se acogían a su renuncia.

Ellos firmaron un documento que decía: “Que durante la anterior administración he cobrado todas mis remuneraciones, por lo que a futuro nada tengo que reclamar”; pero posteriormente dicen se añadió la expresión: “Presentando mi renuncia irrevocable a mi cargo”.

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El fiscal encargado de la investigación determinó que en efecto el párrafo colocado entre el texto del pago de haberes puntuales y la firma de los funcionarios, se incluyó uno más en el cual los afectados se acogían a la renuncia.