La decisión de la Corte Suprema, que el pasado viernes anuló el indulto al general Santiago Riveros, acusado por crímenes de lesa humanidad en la dictadura militar (1976-1983), provocó polémica en Argentina.
El fallo despeja el camino para abolir los perdones a los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, condenados hace 22 años a perpetuidad y luego indultados.
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La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, expresó ayer su satisfacción. “Nos llaman de todas partes del mundo. Argentina es el único país donde se está condenando de esta manera a los que hicieron terrorismo desde el Estado”, dijo.
La dirigente, una de las fundadoras hace 30 años, en plena dictadura, del movimiento para reclamar por los desaparecidos, sostuvo que la decisión del tribunal “muestra que las luchas nunca son inútiles, que no importan los años que pasen”.
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Por el contrario el ex presidente de Argentina, Carlos Menem (1989-1999), justificó sus indultos a jefes militares de la dictadura.
“Lo que quise fue la paz: vivimos diez años tranquilos, sin enfrentamientos, sin luchas armadas. Nunca más los militares en la calle”, dijo Menem.
“Cuando alguien hace algo tan importante no puede entrar a considerar si está bien o está mal. Se hizo y punto”, añadió.
La decisión de la justicia deja al margen a los también indultados ex guerrilleros y a militares que se alzaron en la década del ochenta para presionar contra la iniciativa del gobierno democrático de Raúl Alfonsín (1983-1989) de enjuiciar a los responsables de crímenes de la dictadura que lo precedió.
“¿Por qué a algunos sí y a otros no?”, dijo Menem a una radio de Buenos Aires, al criticar que el fallo diferenciara entre militares y ex líderes guerrilleros.
El ex mandatario opinó que los líderes guerrilleros por él indultados integraban “organizaciones terroristas” y “mataron impunemente”.
Decenas de miles de argentinos fueron secuestrados y torturados durante la dictadura militar y 30.000, según grupos humanitarios (15.000, oficialmente), están desaparecidos.