La Constitución señala que la educación será laica en todos sus niveles.
Tras el bullicio del recreo, en un aula del colegio fiscal laico Uruguay, de Portoviejo, empieza la clase de Religión y Moral.
La maestra, una de las quince que imparten esa cátedra en el plantel, extiende una cartelera sobre la pizarra que resume el tema del día: los tipos de libros que conforman la Biblia.
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Ella no imparte catecismo, ni enseña rezos, pero sí habla de Jesús y hasta discute con las chicas el nuevo dogma de la Iglesia católica anunciado por el papa Benedicto XVI: la desaparición del limbo.
Las alumnas del 10º básico se muestran distendidas, atentas, porque no tienen presiones de conseguir una calificación para aprobar el año.
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Las alumnas, cuyos padres aceptan que asistan a estas clases, destinan una hora a la semana para hablar de temas como la eutanasia, el aborto y las relaciones prematrimoniales dentro de las concepciones de la doctrina católica.
Durante el actual periodo lectivo, los padres de 2.196 alumnas consintieron que sus hijas asistan a clases de religión. La cantidad representa el 98% del total del colegio Uruguay.
“Las clases de religión no consisten en enseñarles a rezar. Incluso hay chicas que no comparten con algunas doctrinas católicas porque son de otras religiones y por eso es que no hay obligación de asistir”, dice la profesora Noralba Andrade.
Las autoridades del Uruguay quieren ahora que el Ministerio de Educación incorpore dentro del currículo de estudios a la religión para que se imparta esta materia en todos los establecimientos educativos fiscales, particulares y municipales de carácter laico.
Estos hechos, que ocurren en varios cientos de planteles educativos estatales, se contradicen, al parecer, con el artículo 67 de la Carta Magna: “La educación pública será laica en todos sus niveles”.
Pero a renglón seguido, en el mismo artículo, que es por lo demás el único punto de la Constitución en que se habla del carácter laico de las instituciones estatales, se garantiza “la libertad de enseñanza y cátedra”; y el Estado “ reconocerá a los padres el derecho a escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios y creencias”.
Al amparo de estas ambigüedades se aplica en numerosos planteles fiscales la denominada Ley de Libertad Educativa de las Familias del Ecuador, vigente desde 1994, en la que se determina que, a opción de los padres de familia, estos deben integrar dos horas semanales de religión (cualquiera que sea) a sus clases regulares.
Por tanto, la doctrina del laicismo es muy posible que no se juegue en la letra constitucional, sino en el espíritu con que se aplica la Carta Política.
Al igual como ocurre con la educación, la actual Constitución afirma que el Estado “asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción”, con lo cual se abre el espacio para la tesis que refleja la concepción católica de los derechos reproductivos y que se opone a la despenalización del aborto.
Hay un tipo de instituciones en las que se evidencia con más claridad la vinculación del Estado y la Iglesia en materia educativa: los 835 planteles fiscomisionales.
La mayoría, según información proporcionada por el Ministerio de Educación, están situados en el Oriente ecuatoriano, y en las provincias de Loja y Esmeraldas.
Mientras que en Guayas hay 31 y en Pichincha 60.
Son, en cierto sentido, el reconocimiento histórico a una acción misionera en la Amazonía y en provincias de la periferia, en las que el Estado no estuvo presente hasta entrado el siglo XX.
El apoyo del Estado a la educación fiscomisional (tiene ese nombre por las partidas fiscales del Estado) consiste en el pago de maestros y asignaciones mínimas para cubrir servicios, informaron los responsables de la Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica (Confedec) sin señalar el costo de esta financiación.
Cifras educativas
Fiscomisionales
El número de planteles fiscomisionales representa el 2,8% del total nacional.
Fiscales
Adicionalmente, el 5% de los alumnos matriculados en escuelas y colegios fiscales del país recibe enseñanza religiosa de la Iglesia Católica.
Partidas
El Estado paga 2.352 partidas docentes en las seis provincias amazónicas, y el número total nacional se desconoce.
Provincia
La provincia con mayor número de planteles de ese tipo es Morona Santiago.
Cronología
9 de noviembre del 2005
La Iglesia Católica hizo un llamamiento a que se elabore una nueva Constitución o se reforme la actual, por medio de una consulta popular, “para cerrar el paso a los corruptos que han debilitado al país, no solo económica, sino moral y espiritualmente”.
13 de enero del 2006
Monseñor Néstor Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal, calificó de convulsionada a la gestión
del presidente Alfredo Palacio.
22 de septiembre del 2006
La Conferencia Espiscopal mostró su preocupación por lo que denominó un “discurso de unilateralidad”, difundido por el entonces candidato presidencial Rafael Correa.
23 de septiembre del 2006
Los obispos católicos rechazaron la aprobación de varios artículos del Código de la Salud por el Parlamento: la venta libre de anticonceptivos y preservativos; y el impulso de la educación sexual.
2 de abril del 2007
En un comunicado, la Iglesia hace un llamado a lograr consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo.
10 de mayo del 2007
La Conferencia Episcopal entrega propuestas de reformas para la Asamblea Constituyente. Advierte que no está haciendo política y que sus propuestas están encaminadas a proteger la dignidad de la persona.