Tres mil empleados tercerizados de Álvaro Noboa pasaron a otras empresas

Andinonit S.A., con sede en Quito y gerenciada por Sebastián Illes, miembro de la directiva de la Asociación Nacional de Empresarios de Servicios Personal (Anesep), asumió los contratos después que la Corporación Noboa, del empresario y ex candidato presidencial Álvaro Noboa, decidiera autoliquidar o cerrar las 131 tercerizadoras mediante las cuales contrataba temporalmente a sus propios empleados, incluso los rotaba entre ellas cada año o seis meses, según los roles que mostraron obreros como Alberto, quien, por ejemplo, trabajó para dos compañías en menos de un año: Ismilsa y Disnortsa.
Carlos, un agricultor de 24 años que también trabaja en esa hacienda, lo hizo para otras, Abacus y Zadklein.

Alberto labora en jornadas de hasta catorce horas diarias por un sueldo básico que con sobretiempos y adicionales llega a 280 dólares mensuales, incluidos los descuentos, sin recibir utilidades o los beneficios adicionales completos: por decimocuarto sueldo, por ejemplo, recibió 77 dólares. Al mediodía del jueves, llega a su casa en el recinto Estrella II de Puerto Inca para almorzar. Vuelve a las cuatro para hacer guardia hasta la una de la madrugada.

Así como Alberto y Carlos, unos tres mil obreros, aproximadamente, estaban agrupados en aquellas 131 tercerizadoras, cuyos presidentes, representantes legales o administradores eran los mismos empleados de la corporación.

Por citar un caso, 71 de esas 131 compañías tenían como gerente general a Narcisa Alexandra Mina Aguirre, jefa de Recursos Humanos de la hacienda La Clementina, también perteneciente a la cadena de empresas de Álvaro Noboa. Entre esas 71 empresas, Adoly S.A. tenía como presidente a Fernando Cisneros, empleado del área de la Presidencia de la Corporación, mientras que como socia accionista figuraba Edith Noemí Campuzano Sánchez, empleada del área contable.

“Todo lo que yo firmaba había sido autorizado por el departamento legal, creo que a mi nombre pusieron unas 60 empresas, firmé millón cosas”, dijo uno de los empleados consultados en la corporación.

Según la ley de tercerización e intermediación laboral, vigente desde junio del año pasado, está prohibida la vinculación entre la usuaria y la empresa de intermediación. “El tema no está en quién es el representante legal sino que la empresa cumpla con los beneficios de ley”, dice Fernando Alarcón, director del Departamento Jurídico de la Corporación Noboa, quien agrega que “en los grandes grupos económicos es así, y ¿cuál es el pecado de eso?, si un grupo puede tener múltiples empresas es obvio que se va a poner a gente de confianza para manejarlas”.

No obstante, Alarcón asegura que esta situación se dio antes de la ley, cuando era “perfectamente legítimo” y no estaba prohibida la vinculación entre usuarios e intermediadoras.

Según la carta que dirige Pilar Miranda, asesora legal de las compañías autoliquidadas, al Ministerio de Trabajo, la disolución se debe al “permanente ataque y persecución a la legítima actividad de la intermediación laboral por parte del anterior y el presente gobierno”. Actualmente, dice Alarcón, la Corporación, que incluye actividades de exportación, bananera y la naviera, no tiene ninguna tercerizadora propia.

No así el Grupo Noboa, que abarca otras empresas relacionadas con el área administrativa. Una de estas intermediadoras es Flopir, cuya presidenta es María Delia Aguirre Medina, abogada del Grupo Noboa.