Parentesco político en nómina de Andinatel

19 ejecutivos fueron ubicados en puestos clave, de manera indefinida.

Familiares de autoridades del régimen de Alfredo Palacio y de otros funcionarios públicos constan en la nómina del personal que firmó contratos por tiempo indefinido con Andinatel a finales del 2006.

Entre ellos está Leticia Borja Gallegos, hermana del entonces procurador general del Estado, José María Borja Gallegos; César Lara Vivar, hermano de Hernán Lara Vivar, subsecretario general de la Secretaría Nacional de la Presidencia de la República; y Paola Palacio García, sobrina del entonces Mandatario.

El ex presidente ejecutivo de Andinatel, Juan Esteban Arellano, contrató a 57 empleados: 35 por tiempo indefinido, 12 a plazo fijo (1 año) y 10 en periodo de prueba (90 días), según información proporcionada por la telefónica estatal.

De ellos, 19 fueron ubicados en puestos clave, la mayoría como gerentes o vicepresidentes, y firmaron contratos de duración indefinida con Arellano.

Por ello, la actual administración considera que fue un procedimiento “antiético” y rescindió sus contratos en febrero.

“La intención de estos contratos indefinidos fue beneficiarse del contrato colectivo, lo que representaría pagos de indemnizaciones por $ 600.000”, aseguró el presidente ejecutivo actual, César Cisneros, quien advirtió que no autorizará ningún tipo de liquidación para ellos, pues existe un acta transaccional con el sindicato de la empresa en la que solo se reconocen beneficios a quienes ingresaron hasta abril del 2006.

De los 19 ejecutivos que conformaron el equipo de alto nivel de Arellano (ver cuadro), no todos ingresaron con él. Siete (Avelino Abarca, Francisco García, Ignacio Pareja, Claudio Rosas, Patricio Troya, Jorge Trujillo y Leticia Borja) firmaron su primer contrato en administraciones anteriores, entre el 2003 y los primeros días del 2006. El lunes 2 de enero del 2006, Gales Chiriboga fue destituido y el 6 de enero se posesionó Arellano.

Los doce restantes sí fueron llevados a la empresa por el ex titular a través de tercerizadoras o por honorarios.

Arellano juntó a ambos grupos (quienes llegaron con él y aquellos que ya estaban) y empezó a contratarlos de manera indefinida. La mayor parte de este proceso se realizó entre octubre y diciembre pasados. Y muchos de esos empleados participaron en contrataciones que están siendo investigadas por la Contraloría y la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Según Cisneros, algunos fueron reubicados en cargos “aparentemente de menor jerarquía”; era el mecanismo para mantenerlos en la empresa.

Arellano dijo a este Diario que los contrató solo por un año, amparado en la Ley de Intermediación Laboral “y no para que cobren indemnizaciones, pues yo no contrato gente con mentalidad de pipones”. Si bien en los contratos que suscribió consta la cláusula de duración indefinida, el marco legal que rige es un periodo de prueba de tres meses.