La terminación del contrato firmado el pasado 23 de octubre por Algalite y Andinatel –anunciada por el actual presidente ejecutivo de la telefónica, César Cisneros– provocó la reacción de la empresa privada.
Según el funcionario, el contrato –acordado para siete años– arrojaría un perjuicio de $ 20 millones anuales. Para su anulación, Andinatel argumenta que no está registrado en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel).
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En una carta enviada el 1 de marzo (jueves pasado), Efrén Ortiz, gerente de Algalite, le dice: “Lo afirmado por usted es una falsedad”.
Sostiene que la aprobación de la Senatel “no es un requisito para la vigencia del contrato”. El objeto del registro, afirma, es “para comenzar a efectivar el contrato”.
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Exhorta a Cisneros a especificar las supuestas incorrecciones. “Usted confunde la comisión o descuento por reventa de hasta un 70%, cuando para percibir dicha comisión Algalite está sujeta a efectuar la venta de productos específicos de Andinatel y condiciones de inversión explícitas (por un mínimo de $ 3 millones)”.
Ortiz le pregunta a Cisneros por qué afirmó que la empresa Algalite se convertiría en una telefónica paralela y de dónde sale el cálculo del perjuicio. El gerente de Algalite le advierte al presidente ejecutivo que responda o, en caso contrario, lo haga ante los tribunales.