Así, Algalite puede, por ejemplo, comercializar líneas telefónicas o internet, con descuentos, lo que permitiría su margen de ganancias, con la condición de que a lo largo de ese periodo realice un mínimo de “inversión y gastos”, que se fijan en $3’000.000 de inversión.
El 12 de enero pasado, pese a que el Fondo de Solidaridad, único accionista de la telefónica, había dispuesto en diciembre del 2006 que no se firmasen más contratos, el presidente ejecutivo de entonces, Juan Esteban Arellano, suscribió tres adendas con Algalite.
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Con ellos, Andinatel quedó sujeta a multas en el caso de incumplimientos y garantizó descuentos de hasta el 70% (por ejemplo, en internet y transmisión de datos) si la contratista utilizaba su propia infraestructura.
El 8 de febrero pasado, Juan Ortiz, gerente VIP de Andinatel (encargado de la gerencia por tres días y que salió ese mismo mes), hizo varias observaciones en una carta. En resumen, dijo que no se había impuesto un mínimo de ventas para Algalite, que debía especificarse si la relación es de comercialización o de reventa, que el acuerdo debía registrarse en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) y que ningún contrato de Andinatel contempla el lucro cesante (indemnización) y, sin embargo, en este la compañía lo acepta por siete años.
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El actual presidente ejecutivo de Andinatel, César Cisneros, sostiene que ese contrato podría acarrear perjuicios. Otro miembro del directorio recuerda que ya se firmaron otros convenios parecidos que han terminado en demandas legales, por lo que en este caso debió reducirse el plazo a solo dos años para luego evaluarlo.
Vivas Hilbron indicó que “Algalite corre con todos los riesgos de operación mercantil y gastos de inversión... Es decir, Andinatel no se obliga a erogación o desembolso alguno”.
El contrato entre Algalite y Andinatel está vigente, aunque la telefónica estatal espera darlo de baja por no estar inscrito en la Senatel.
Luego de conocerse el caso, las autoridades empezaron a investigar otros contratos.