La Comisión de Fiscalización del Congreso resolvió ayer iniciar un juicio penal en contra de los involucrados en el contrato entre Andinatel y la empresa Algalite, firmado en octubre del 2006 (con tres adendas, de enero de este año).
El principal acusado es Juan Esteban Arellano, ex presidente ejecutivo de la telefónica. Luego, según el legislador Luis Almeida (SP), están Juan José Vivas Hilbrón, apoderado de las corporaciones propietarias de Algalite; y su padre, Juan José Vivas Wagner.
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Para el diputado, hubo memorandos de la Presidencia de la República, durante el gobierno de Alfredo Palacio, que alentaron la contratación de dicha compañía.
Las actuales autoridades del Fondo de Solidaridad (FS) y de Andinatel también admiten ilegalidades. César Cisneros, presidente ejecutivo de Andinatel, insistió ayer en que no ejecutará el contrato, pero reconoció que, en caso de terminación unilateral, prevista en las cláusulas del mismo, se contempla una penalización en contra de la telefónica que podría alcanzar los $ 20 millones. Ahora, la tarea de los abogados de Andinatel es evitar ese pago.
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Entre tanto, el diputado Fernando Aguirre (SP) pidió al FS una certificación de que los miembros del directorio de Andinatel no son deudores registrados en la Central de Riesgos, pues –según sus indagaciones– tanto Cisneros como los vocales Patricio Zambrano, César Frixone y Francisco Almeida tienen deudas con la banca.