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El contrato de intermediación no se ha implementado porque requiere de la inscripción previa en la Senatel, conforme manda la ley. Esto obedece a la falta de designación de la autoridad competente ocurrido al inicio del actual Gobierno, y la falta de respuestas concretas de los nuevos directivos de Andinatel a los requerimientos de Algalite.
Cabe preguntarse; ¿constituye un atraco de fondos públicos la intermediación comercial de servicios de Andinatel S.A. a Algalite S.A., como temeraria y maliciosamente se afirma, al amparo de inmunidades malentendidas o confundidas con impunidades?
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De ello me he enterado hoy, porque, a mis 25 años, no creí que estaría expuesto al furor politiquero de quienes carecen de credibilidad y no cesan en su afán de escandalizar permanentemente.
He querido dar la explicación del contrato que suscribió Algalite S.A. aunque no me corresponde, pues mi nombre ha sido involucrado a la ligera y sin sustento; y, además porque el negocio de intermediación comercial en el área telefónica es común, no solo en el Ecuador sino en muchos países del mundo, incluyendo aquellos que solo tienen operadoras estatales.
Similar a este contrato existen otros suscritos desde hace mucho tiempo atrás y asimismo bajo esta modalidad –permitida por la ley– operan las empresas de telefonía móvil, Movistar, Porta, Alegro, y múltiples contratos con locutorios privados.
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Andinatel tiene desde hace varios años contratos que manejan las cabinas o locutorios y en esencia estos últimos, tienen un contrato de reventa per se, ya que usan la licencia de Andinatel para brindar telefonía e internet en cabinas.
Es decir, con fines de escandalizar, se olvidan de que esta práctica es correcta, legal y común en el Ecuador.
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No tengo de qué avergonzarme. Ser apoderado es legal, y la ley señala el mandato como un contrato permitido, y además, exige que las empresas extranjeras tengan apoderado en el Ecuador.
Provengo de una familia honorable y respondo por mis actos. Como buen hijo soy solidario con mi padre y defenderé siempre su honra.
Este es el único pronunciamiento que realizaré, no solo porque mi condición no me permite entablar una batalla de prensa, sino porque los denunciantes no merecen credibilidad alguna.
La maledicencia es un acto grave de corrupción y la maldad –sin límite– hace que en un afán de figuración política se allanen todos los procedimientos, se juegue con la honra ajena y se difame con tal de conseguir sus maldicientes fines.
Maquiavelo resulta un santo frente a sus contemporáneos seguidores.
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Juan José Vivas Hilbron
empresario, Guayaquil













