El contrato de Andinatel con la empresa Algalite está en duda, luego de que las autoridades de la telefónica explicaron ayer que “es lesivo para los intereses del país” y advirtieron posibles responsabilidades penales, civiles y administrativas del ex presidente ejecutivo, Juan Esteban Arellano Rumazo.
El contrato, que permite a la compañía privada proveer (bajo la figura de reventa) los servicios de telefonía fija, transmisión de datos, etc., fue suscrito por Arellano en octubre del 2006 e incluye una adenda de enero de este año. Allí se contemplan ventajas (por ejemplo, un subsidio en la instalación de líneas fijas de hasta el 70%) y sanciones en contra de la telefónica estatal en el caso de que declare unilateralmente la cancelación del convenio.
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Según el actual presidente ejecutivo subrogante de Andinatel, César Cisneros, ese contrato no es válido y se lo ha suspendido; sin embargo, los papeles están vigentes y firmados.
Las dueñas de Algalite son Wigtown Holding Corp. y Mulberry Finance Inc. En ambos casos el apoderado es Juan José Vivas Hilbron.
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Los documentos de las supuestas irregularidades fueron enviados a la Contraloría ayer.
Pero el mismo caso está en indagación en el Congreso. Ayer, el diputado Luis Almeida (SP), presidente de la Comisión de Fiscalización, aseguró que quienes están detrás de la negociación son el ex presidente Alfredo Palacio; su hombre de confianza, Roosevelt Chica; y Juan José Vivas Wagner (padre del apoderado de las corporaciones).
En estos momentos se investiga la designación de la empresa Venyrep para que provea de cable y, de acuerdo a los datos oficiales, con sobreprecio.
Cisneros indicó, además, que el ex presidente ejecutivo creó una red de colaboradores que fueron movidos de un puesto a otro, con el fin de que se queden en Andinatel.