En los intentos registrados en el 2005, por levantar la salvaguardia constitucional, los prianistas, gutierristas y demócrata populares han condicionado su respaldo, principalmente, al hecho de que debería haber un acuerdo previo sobre los temas por reformarse.
La mayoría del nuevo Congreso, integrada por el Prian, PSP, PSC y UDC, pretende tramitar en segundo debate el proyecto de Ley presentado en el 2000 por el ex diputado Oswaldo Molestina (ID), que ya fue analizado en primer debate en noviembre de ese mismo año.
El informe para segundo debate fue presentado en noviembre del 2001 y básicamente recomienda reducir a tres meses el tiempo que debe esperar el Congreso para aprobar una reforma constitucional. El tiempo será revisado por el nuevo Parlamento.
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Una vez que se apruebe la reforma, el texto deberá pasar a conocimiento del Ejecutivo para su sanción u objeción respectiva.
La nueva mayoría legislativa espera declararse en sesión permanente hasta levantar el candado constitucional, pero el problema que aún continúa en discusión es que el Ejecutivo debe pronunciarse sobre la reforma, aunque también existen propuestas que el Congreso realice una interpretación a la Constitución del Estado y, con ello, la reforma iría directamente a publicarse en el Registro Oficial.
Además, se analiza que si el Congreso levanta la salvaguardia el pronunciamiento del Ejecutivo deberá hacerlo el nuevo mandatario, Rafael Correa, en un plazo de diez días.
