Hasta allí no habría nada que objetar sino fuese porque en la mayoría de los casos no se trata de una oferta sino de una imposición bajo amenaza. El problema es más grave cuando ya no son menores de edad sino adultos, que agreden a los conductores incluso si estos van acompañados de niños.
Solucionar este problema con la clásica fórmula de la represión, en el caso de los menores de edad, equivaldría a cumplir aquel dicho de que el remedio fue peor que la enfermedad. Muchos de esos jovencitos se encuentran en una situación desesperada y son empujados por su falta de oportunidades a cometer este atropello, lo que no justifica pero sí explica su conducta.
Distinta es la situación de los adultos. En ese caso le corresponde efectivamente a la Policía adoptar medidas muy enérgicas. El respeto a la ley no puede tener excepciones.
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Pero cuando se trata de adolescentes o niños, es más apropiada la ayuda social, generosa y severa al mismo tiempo, encauzada por el Ministerio de Bienestar, los municipios o el Innfa, pero no como un parche momentáneo sino como parte de un plan a mediano y largo plazo. En otros países se lo ha hecho con excelentes resultados.
