Pactos y alianzas en todos los gobiernos

Ecuador registra 25 comicios en los últimos 27 años de democracia. Se incluyen  elecciones generales e intermedias y plebiscitos. En el régimen militar  hubo 2 elecciones de primera y segunda vuelta.

Matrimonios políticos que duraron lo que un suspiro, alianzas partidistas o mayorías legislativas móviles que funcionaron solo para fines electorales o para defender intereses particulares. Esa mecánica es la que se ha aplicado en casi todos los periodos presidenciales (once en total) que se sucedieron a lo largo de los últimos 25 años.

Los datos históricos no mienten y señalan que desde 1979, cuando Jaime Roldós Aguilera llegó a la Presidencia de la República con el apoyo del CFP y de la DP, los acuerdos y rompimientos políticos han sido, o bien una ayuda para los regímenes de turno o bien un dolor de cabeza frente al cual más de un gobernante sucumbió.

El vaivén de la política ecuatoriana ha hecho que partidos tradicionalmente enfrentados por sus tendencias ideológicas o por sus intereses sectoriales, en determinado momento se unan no solo para impulsar ciertas leyes sino también para fiscalizar gobiernos, ratificar tratados internacionales o para conceder amnistías políticas, desconocer a gobiernos, dar paso a sucesiones presidenciales (2000, 2004), e incluso avalar a un gobierno interino no contemplado en la Constitución  (1997).

Ningún partido de gobierno ha tenido por sí solo mayoría legislativa absoluta y por ello las alianzas se repiten, pero con diversos nombres.

Lo que ha ocurrido es que en la mayoría de gobiernos, quienes en un principio fueron aliados para impulsar las respectivas candidaturas presidenciales, se convirtieron luego en los más acérrimos enemigos, sea por mal reparto de cargos públicos, por diferencias en las políticas económicas o sociales aplicadas e incluso por desavenencias personales.

Pero no solo los gobiernos se han visto afectados por las alianzas que han realizado. También los partidos o movimientos políticos que apoyaron las tesis gubernamentales registraron bajas o pérdidas a consecuencia de esos pactos.

1979-1984
Jaime Roldós
Osvaldo Hurtado

La última etapa democrática se inició con el gobierno de Jaime Roldós Aguilera, cuya candidatura fue impulsada por una alianza entre Concentración de Fuerzas Populares (CFP) y la naciente Democracia Popular (DP), partido que completó el binomio presidencial con Osvaldo Hurtado.

‘La fuerza del cambio’ fue el lema de esa alianza que triunfó el 29 de abril de 1979 con 1’025.148 votos frente a los 471.657 de la candidatura del entonces socialcristiano Sixto Durán-Ballén.

No obstante, la plataforma política se diluyó pronto debido a pugnas entre Roldós y su tío político y líder del CFP, Assad Bucaram Elmhalim, quien luego encabezó la oposición desde el Congreso. Entre otras cosas, el alejamiento se produjo porque la DP había alcanzado una cuota mayoritaria en la administración gubernamental. Roldós integró el grupo Pueblo, Cambio y Democracia que se dividió tras su muerte, el 24 de mayo de 1981. De la ruptura nació el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE). Hurtado sucedió a Roldós, la oposición del CFP se agudizó y el gobierno optó por buscar el apoyo de la ID y el Partido Demócrata. 
Luego, en 1982, la DP se alejó de la ID, continuó con el apoyo del PD y se acercó al CFP. El resultado de ese acercamiento fue la elección de Rodolfo Baquerizo como presidente del Congreso y la entrega de dos ministerios al CFP. El pacto duró poco tiempo y ese mismo año los votos del CFP sirvieron para censurar a dos de los ministros de Hurtado. La situación del Ejecutivo se complicó en 1983 tras la integración del Bloque Parlamentario Progresista, compuesto por  los sectores de oposición, liderados por el legislador León Febres-Cordero, del PSC. También participaron la ID, el PD, el FADI, el MPD y el PSE.

1984-1988
León Febres-Cordero
Blasco Peñaherrera

El Partido Social Cristiano (PSC) alcanzó el poder con León Febres-Cordero el 6 de mayo de 1984 con el respaldo del Frente de Reconstrucción Nacional (FRN), alianza constituida por el partido Conservador, el Liberal, el Nacionalista Revolucionario, el Frente Velasquista, la Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana y la Coalición Institucionalista Demócrata.

LFC logró el respaldo del sector empresarial y de los sectores sociales afectados por las políticas económicas de Osvaldo Hurtado. En ese año, el PSC alcanzó siete curules legislativas, cuyo margen de acción era mínimo frente al bloque opositor o ‘progresista’ que tenía 34 diputados de la ID, DP, Frente Amplio de Izquierda, PRE, Partido Socialista y el MPD. De ahí que el gobierno se alió con el FRA y el CFP; estos  sumaban trece legisladores y se autollamaron ‘la tercera posición’.

La relación Ejecutivo-Congreso fue de tensión, pues el gobierno hizo gala de un “poder discrecional” sobre el Parlamento a través de la emisión de decretos-ley y del manejo absoluto del Registro Oficial.

La conflictividad alcanzó tal punto que el país llegó a tener dos cortes supremas de Justicia, debido a que LFC no aceptó a los magistrados designados por el Congreso y nombró a sus propios ministros-jueces.

La correlación de fuerzas en el Parlamento varió entre 1985 y 1986, periodo en que el régimen integró una nueva mayoría con varios  diputados autodenominados independientes. Sin embargo, esto cambió con las elecciones intermedias de 1986, en las cuales el bloque progresista retomó el control hasta el final del gobierno. Esa mayoría perdonó a dos detractores de LFC: Frank Vargas Pazzos, quien se había sublevado contra el régimen, y al líder del PRE, Abdalá Bucaram.

1988-1992
Rodrigo Borja
Luis Parodi

El gobierno de la Izquierda Democrática  (ID) con Rodrigo Borja fue uno de los que mejor margen de maniobra política tuvo en el Congreso. Al tiempo de ganar la presidencia, en 1988, la ID logró una alianza  con la DP, el Partido Liberal Radical Ecuatoriano (PLRE) y el Frente Amplio de Izquierda (FADI), lo que derivó en un acuerdo para nombrar al presidente y vicepresidente del Congreso, y a los titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La DP tomó para sí el Ministerio de Industrias, hoy de Comercio Exterior. El elegido fue Juan José Pons. Esta confluencia fue factible debido al rechazo que el gobierno anterior (el de  León Febres-Cordero) había generado en sectores sociales y políticos. Es más, la ID copó casi el 80% de municipios. Borja triunfó por encima de Abdalá Bucaram (PRE) y llamó a los sectores políticos y sociales a una gran concertación para superar la crisis que quedó tras el régimen del PSC. La mayoría legislativa permitió aplicar medidas de ajuste tendientes a estabilizar la macroeconomía, así como políticas de control estatal de las áreas estratégicas. Las elecciones intermedias de 1990 redujeron la presencia de la ID en el Congreso, por lo que ese partido, a más de mantener el apoyo de la DP, intentó negociar con el Partido Socialista, el PRE y el denominado Bloque de los Dignos (PLRE, PCE, CFP, FRA). Lo que se logró fue sostener la alianza con la DP y PLRE y la reelección del entonces demócrata popular Wilfrido Lucero como presidente de la Legislatura. Años más tarde Lucero se afilió a la ID. En tanto, el PLRE ubicó a  militantes en organismos como el Inecel y el BEDE. En 1991, la ID se acercó al FRA  y logró enfrentar a la oposición encabezada por el PRE y PSC.

1992-1996
Sixto Durán-Ballén
Alberto Dahik

Sixto Durán-Ballén ganó las elecciones presidenciales en 1992 derrotando al candidato presidencial del PSC, Jaime Nebot. Triunfó teniendo como soporte político a la alianza entre el Partido Conservador (PC) y el Partido Unidad Republicana, creado por él mismo tras desafiliarse del PSC.

El mandatario entregó la dirección de la economía y de la modernización a su vicepresidente  Alberto Dahik. La oferta de campaña fue hacer de Ecuador un mercado atractivo a la inversión interna y extranjera. Para ello se requería reducir el déficit fiscal y la inflación y fue ahí cuando el Gobierno encontró los primeros obstáculos.

Los reparos venían desde los grupos políticos que se oponían a las reformas legales y de los sectores sociales que se vieron afectados por las medidas de ajuste de los dos primeros años.

La relación Ejecutivo-Legislativo se tensionó y surgió una pugna de poderes que se vio agravada por paros y huelgas.

El Gobierno convocó a consulta popular para reformar la Constitución. El Sí ganó en la mayoría de preguntas planteadas por el régimen. Este éxito fue opacado poco después con el inicio de la Guerra del Cenepa y la caída del vicepresidente Dahik acusado y enjuiciado política y penalmente por uso indebido de la cuenta de gastos reservados.
 
El juicio político fue impulsado por el PSC, el MPD y el APRE, pero con el apoyo del PRE, del PC, del FRA y de diputados autodenominados “independientes”, el régimen logró que el Congreso no censure a Dahik.

El 11 de octubre de 1995, la Corte Suprema de Justicia dictó orden de prisión en su contra. Este renunció por escrito ante el Congreso, huyó del país y solicitó asilo político al Gobierno de Costa Rica.

1996-1997
Abdalá Bucaram
Rosalía Arteaga

Abdalá Bucaram, líder del PRE, llegó a la presidencia   el 7 de julio de 1996, tras remontar la escasa diferencia (34.030 votos) que lo había separado del ganador de la primera vuelta, el socialcristiano Jaime Nebot. Bucaram ganó las elecciones con el apoyo del APRE (Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana), de Frank Vargas Pazzos, el CFP, el PLR (Partido Liberal Radical), el LN (Liberación Nacional), el MIRA (Movimiento Independiente República Auténtica), el FRA (Frente Radical Alfarista), el Socialismo y sectores cercanos al PUR (Partido Unidad Republicana),  del ex presidente Sixto Durán Ballén. De ahí que la secretaría de Gobierno fue para Vargas; la de Obras Públicas, para Vicente Estrada, de la DP; la de Turismo, para Napoleón Icaza, del FRA; Defensa y Cancillería, para allegados al PUR. El acuerdo con el FRA facilitó el nombramiento de Fabián Alarcón como presidente del Congreso. Esta alianza empezó  casi al mismo tiempo en que Bucaram anunciaba su Programa de Gobierno (diciembre de 1996), a través del cual se impulsaban medidas como la convertibilidad y la eliminación del subsidio al gas. Esto sumado a denuncias de corrupción en las que se vinculaba a funcionarios de Gobierno y a actuaciones del mandatario  (como aquel de pedir perdón a Perú por el conflicto territorial  con Ecuador), dio paso a una oposición parlamentaria (PSC, ID, DP, Nuevo País, MPD y FRA). Fue esta mayoría la que, en abril de 1997 y tras dos días de protestas,  destituyó a Bucaram acusándolo de incapacidad mental para gobernar. Se designó  a Alarcón como presidente interino.

1997-1998
Fabián Alarcón
Pedro Aguayo

La llegada de Fabián Alarcón a la presidencia en febrero de 1997  fue el resultado de una jugada política que unió a los partidos más disímiles del escenario nacional. Seis meses antes (agosto de 1996) y con un bloque legislativo de solo dos diputados (FRA), Alarcón fue designado presidente del Congreso.

Para alcanzar ese objetivo se valió de los votos del PRE, pues concretó una alianza con el líder de esa tienda política y entonces primer mandatario, Abdalá Bucaram.

El pacto se mantuvo por pocos meses y Alarcón,  pasó por decisión de 44 diputados a convertirse en su sucesor en Carondelet. Fueron el PSC, la ID, PK, el MPD, Nuevo País y el FRA los que tras dos días de protestas ciudadanas en contra de Bucaram decidieron destituirlo  y dar paso a un mecanismo de sucesión que no estaba previsto en la Constitución.

De hecho, Alarcón, conocido en el mundo político como “cinturita” por su habilidad para concretar alianzas partidistas, avaló desde la presidencia del Congreso el argumento de que Bucaram sufría de incapacidad mental para gobernar el país.

Ya en el Palacio, Alarcón mantuvo el apoyo de los partidos que promovieron la caída de Bucaram como el PSC. Fue con ellos y con la DP que su gobierno instauró la Asamblea Constitucional que en 1998 redactó la Carta Política vigente. Para definir las reglas de su funcionamiento, Alarcón negoció  con los jefes de los diversos partidos.
El apoyo político fue importante a la hora de designar al contralor Roberto Gómez; su nombre encabezó la terna que envió Alarcón al Congreso. Un año duró su periodo presidencial.

1998-2000
Jamil Mahuad
Gustavo Noboa

Jamil Mahuad  llegó al poder con un amplio apoyo parlamentario, sustentado por los 35 escaños que su partido, la DP, alcanzó en las elecciones de 1998. Mahuad logró triunfar con el apoyo no reconocido del PSC que no participó con candidato presidencial propio. La alianza entre ambos partidos se vio en el Parlamento cuando empezó a operar la denominada “aplanadora", mayoría que duró  seis meses y que aprobó leyes como la de creación del Impuesto a la Circulación de Capitales (o Ley del 1%).

Se pusieron en práctica las denominadas mayorías móviles para buscar acuerdos entre la DP y partidos de diversa tendencia. Así, el régimen alcanzó la aprobación de la Reforma Tributaria con  apoyo de la ID (1999) y de la pro forma presupuestaria con el respaldo del PRE en ese mismo año. La mayoría de partidos votó a favor del acuerdo de paz con Perú.

Pero si algo caracterizó a las relaciones Ejecutivo-Parlamento en el gobierno de Mahuad, fue la oposición que  encontró el mandatario en su propio partido. Incluso fue blanco de duras críticas por parte del líder de la DP, Osvaldo Hurtado.

La crisis bancaria de 1999, el congelamiento de depósitos, las medidas de ajuste  y la dolarización  generaron tanto descontento en la población que, a principios del 2000, el resto de partidos estaban en la oposición y no tuvieron más que apoyar la revuelta indígena-militar que el 21 de enero del 2000 defenestró a Mahuad.  Acogiéndose a la figura constitucional de abandono del poder, el Congreso  permitió la sucesión  a través del vicepresidente Gustavo Noboa.

2000-2003
Gustavo Noboa
Pedro Pinto

Gustavo Noboa Bejarano llegó a la presidencia de la República sin afiliación a ningún partido político. Lo hizo el 22 de enero del 2000 por mandato de la Constitución. Sucedió en funciones al defenestrado Jamil Mahuad. En su gobierno optó por acogerse al mecanismo de las mayorías móviles para facilitar el trámite de sus proyectos de ley.

En la presidencia de Noboa la DP terminó por partirse en dos grupos. Uno liderado por Raúl Hurtado, que con la ID, Pachakutik y el PRE, hizo oposición al régimen y otro que lo apoyó para aprobar varias leyes.

Con Noboa, Ecuador vio realizarse el histórico cambio de moneda que Jamil Mahuad decretó. La Trole 1, Ley de Transformación Económica del Ecuador, que aprobó el Congreso con apoyo de la DP-UDC, PSC y el FRA, legalizó el dólar como moneda de circulación en convivencia con el sucre por seis meses y este desapareció el 9 de septiembre del 2000. La reforma había sido presentada por Mahuad.

Otra fue la Trole II, que Noboa –ante la demora del Congreso– ordenó publicar en el Registro Oficial en agosto del 2000, y que eliminó el Impuesto (1%) a la Circulación de Capitales (ICC). Con la Ley de Hidrocarburos intentó garantizar la “libre competencia” y abrir la inversión hidrocarburífera.

Además, en la administración de Noboa se emitió la firma del reglamento para la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados, gestión con la que sostuvo era “el inicio de una nueva etapa del país”. También se amplió el oleoducto transecuatoriano SOTE, aumentando su capacidad de transporte de 320.000 a 390.000 barriles diarios.

2003-2005
Lucio Gutiérrez
Alfredo Palacio

Una alianza entre Sociedad Patriótica y PK llevó en noviembre del 2002 al coronel (r) Lucio Gutiérrez a la Presidencia. Él había encabezado en el 2000 la revuelta indígena militar que derrocó a Jamil Mahuad y se enfrentó en la segunda vuelta electoral al candidato del Prian, Álvaro Noboa.

Cuando asumió la Presidencia en enero del 2003, se produjeron las primeras discrepancias con PK por el reparto de los ministerios y de otros cargos públicos.

Con el pasar de los meses esa distancia se profundizó. La situación llegó al límite en agosto de ese año cuando PK se separó del gobierno y pasó a la oposición. 

El Gobierno entonces se acercó al PSC y logró la aprobación de la Ley de Unificación Salarial, así como la reestructuración del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral.

La alianza se mantuvo hasta mayo del 2004 cuando empezó un enfrentamiento entre el primo de Gutiérrez y  diputado por SP, Renán Borbúa, y el líder socialcristiano León Febres-Cordero.

La ruptura con el PSC llevó al régimen a buscar apoyo en el PRE primero y en el Prian después. Fue con esos partidos que Gutiérrez impulsó  la reestructuración de la CSJ, del TC y del TSE, utilizando mecanismos inconstitucionales.

Para enero del 2005, el PSC, la ID, PK, lideraban la oposición y promovían protestas ciudadanas que se agudizaron cuando la nueva Corte sobreseyó al líder roldosista Abdalá Bucaram. Tres meses después (20 de abril) esas protestas concluyeron con la caída del coronel y la designación de Alfredo Palacio como su sucesor.

2005-2007
Alfredo Palacio
Alejandro Serrano

Alfredo Palacio llegó a la Presidencia como resultado de una convulsión social y política que puso fin al gobierno de Lucio Gutierrez.  Palacio asumió el poder el 20 de abril del 2005   y su principal ofrecimiento fue el de “refundar el país”.

Para ello, se comprometió a realizar una Asamblea Constituyente que transforme la estructura jurídica y  el sistema de representatividad ciudadana.  Se instaló en Carondelet con el respaldo del PSC, la ID, PK y la DP, partidos que luego obstaculizaron en el Congreso y en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) todos sus intentos por impulsar una consulta popular que dé paso a la Asamblea Constituyente.

Sin un partido político o mayoría parlamentaria que apuntale sus planteamientos, Palacio  logró la aprobación de leyes que significaron la redistribución de los recursos petroleros. 

Entre esas,  las reformas a la Ley de Hidrocarburos, mediante la cual se incrementaron los porcentajes que el Estado recibe por los excedentes petroleros y los altos precios del crudo. También se viabilizó la ley con la que se reestructuró el  Fondo de Estabilización e Inversión Productiva (Feirep) que pasó a convertirse en la Cereps (cuenta en la que un buen porcentaje de los recursos petroleros se destina a la educación,  salud y reactivación productiva) y la Ley de Creación del Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Eléctrico e Hidrocarburífero (Feiseh), que se alimenta con los recursos del bloque 15 y que servirá para financiar la construcción de proyectos hidroeléctricos.

La mayor oposición que Palacio tuvo es la de Sociedad Patriótica;  lo ha acusado de usurpador y anuncia que lo fiscalizará.