El hermano de la canciller colombiana y jefe de un  partido de la coalición de gobierno dijo que está dispuesto a someterse a la justicia, en el marco de las investigaciones por nexos de políticos con paramilitares, mientras la Fiscalía estudia reabrir un centenar de procesos por ese cargo.

"Anuncio mi voluntad de atender exclusivamente los requerimientos que las  instancias judiciales competentes tengan a bien manifestar", señaló este lunes en un comunicado el congresista Alvaro Araújo, portavoz del partido Alas Equipo Colombia de la coalición que respalda al presidente Alvaro Uribe.

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El legislador, hermano de la canciller María Consuelo Araújo, reconoció el  viernes que se reunió en dos ocasiones con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40', cuando éste era aún líder de las milicias en la costa norte del país, a las que se acusa de miles de asesinatos de campesinos, aunque negó haber realizado algún tipo de acuerdo con el líder de ultraderecha.

Tres congresistas del oficialismo fueron detenidos la semana pasada por  orden de la Corte Suprema de Justicia que los investiga por ayudar a crear  grupos de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el norte del país.

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Las AUC concluyeron en abril la desmovilización de 31.000 de sus  combatientes tras una negociación con el gobierno de Uribe, que fue criticada por la oposición, organismos de derechos humanos y las Naciones Unidas que consideran excesivos los beneficios concedidos a los líderes.

Araújo había insinuado la semana pasada que las denuncias sobre los  vínculos de paramilitares y políticos buscaban tocar a su familia y a su  hermana, para afectar en forma directa al presidente Uribe.

La hermana de Araújo fue nombrada en la cancillería por el mandatario  colombiano cuando asumió en agosto para un segundo período de cuatro años.

El parlamentario lamentó que el escándalo pudiese llegar a salpicar a su  hermana. "Yo hubiera preferido otro desenvolvimiento de esto, pero las  investigaciones avanzan y a pesar de lo que se ha dicho estoy tranquilo",  indicó.

Por su parte, el ex candidato presidencial y líder de la coalición de  izquierda Polo Democrático, Carlos Gaviria, dijo que la canciller debe  renunciar para garantizar la transparencia de las investigaciones.

"Tengo el mejor concepto de la canciller, pero a pesar de eso ella tendría  que salir del cargo", indicó Gaviria, quien señaló que eso sería un gesto noble de la ministra.

La semana pasada la canciller llevó a su hermano a una reunión con el  fiscal general, quien adelanta los procesos contra algunos de los políticos sospechosos de ayudar a crear y financiar las facciones de las AUC en la costa norte colombiana.

El escándalo por los vínculos entre parlamentarios de la coalición de  gobierno y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema  derecha) en la costa norte del país, llevó a la cárcel además de los tres  congresistas, a una ex legisladora cuya detención fue ordenada por la  Fiscalía.

Entre los sindicados se encuentra también el ex embajador en Chile Salvador Arana, a quien se investiga por ordenar el crimen de un alcalde que en una dramática denuncia ante el propio Uribe, que fue televisada, había dicho que iba a ser asesinado por orden de los paramilitares.

Este lunes, las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de  pesos (22.000 dólares) por información que conduzca a la captura de Arana.

El fiscal general, Mario Iguarán, creó la semana pasada un grupo especial  para investigar las relaciones entre funcionarios y políticos de distintas  regiones colombianas con los paramilitares.

El diario El Tiempo aseguró este lunes -citando una fuente del organismo de investigación- que esa comisión ha encontrado más de un centenar de acusaciones que relacionan a políticos y paramilitares.