El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Alfredo Cárdenas, reveló esta mañana más nombres de grandes empresas y magnates que auditará pues considera que “no tienen un comportamiento tributario adecuado”.
A solo tres meses de que finalice el actual gobierno, el SRI anunció nuevos planes, medidas radicales para el cobro de impuestos, e hizo denuncias tardías sobre irregularidades en el Congreso. “Todos los ecuatorianos tienen que pagar el impuesto a la renta. Conmigo no hay ecuatorianos de primer, segunda o tercera”, aseguró Cárdenas hoy en Ecuavisa.
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Además de auditar a las firmas Eljuri, Wong y Quezada, el Servicio de Rentas Internas estudia las cuentas del Grupo Noboa. Al respecto señaló que se tenían que fiscalizar dos empresas en la matriz pero se han encontrado con doce. Agregó que al final se sabrá el valor exacto que el candidato presidencial Álvaro Noboa le debe o no al país por impuestos.
Dentro del grupo de los grandes magnates, afirmó que se les ha elaborado una matriz con todos las declaraciones de impuestos públicos y tributarios.
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Además, se revisará las cuentas de las encuestadoras y los comisariatos pues asegura que hay algunos que no pagan impuestos.
También se auditará a Fybeca, grupo que paga impuestos básicos; y a la verificadoras porque hay algunas que “se están llevando 80 millones de dólares al año”.
Funcionarios gubernamentales
En el caso de las supuestas irregularidades en el Congreso Nacional, que denunció ayer, aclaró que “aparentemente” el director financiero del Congreso Nacional no les ha hecho los descuentos a los diputados pero que ha estado pidiendo cita al presidente del Legislativo para solucionar el problema.
El SRI también fiscalizará a las personas naturales que han sido funcionarias del Gobierno y que “ahora se pasean por la calles de Quito y Guayaquil en Mercedes Benz”, advirtió.
Finalmente, señaló que en el caso de Pacifictel, empresa creada para que las utilidades vayan al sector privado, aseveró que a pesar del juicio en su contra, que “está mal planteado”, no va a entregar el dinero porque es ilegal. Su posición la basa en el decreto emitido por el presidente de la República, Alfredo Palacio, quien prohibió que las utilidades de empresas públicas vayan a sectores privados.