Renovación de la Base de Manta anticipa dos años debate político

La mayoría de candidatos presidenciales no está de acuerdo con renovar el convenio de uso de la Base Aérea Eloy Alfaro que vence en noviembre del 2009. La Embajada de ese país señala que aún hay tiempo para negociar.

Aunque el acuerdo suscrito entre Ecuador y Estados Unidos para el uso de las instalaciones de la Base Aérea Eloy Alfaro de Manta (Manabí) en la lucha antidrogas vence en noviembre del 2009, sectores políticos y sociales ya empezaron el debate sobre la conveniencia de renovarlo.

El convenio señala que el Gobierno ecuatoriano debe notificar al norteamericano su decisión un año antes del vencimiento; es decir, en el 2008.  
 
La mayoría de candidatos presidenciales ha dicho que no renovará el acuerdo con EE.UU.; otros afirman que harán una consulta para que “el pueblo” decida, mientras que algunos todavía no se han pronunciado al respecto.

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador califica de “exitosa” la misión que los militares de ese país despliegan desde el Puesto de Control de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) instalado en la Base Aérea Eloy Alfaro de Manta (Manabí) como parte del acuerdo de cooperación para la lucha antinarcóticos suscrito el 12 de noviembre de 1999.

Y exhibe cifras con las que respalda su afirmación: en el 2005, los pilotos del FOL realizaron 1.558 misiones de vigilancia y patrullaje antidrogas, por un total de 9.500 horas de vuelo, operaciones que –asegura– contribuyeron de manera directa a la confiscación de 70.572 kilos de droga con un valor de $ 641,5 millones.

“El 60% de las capturas de drogas en la zona marítima del Pacífico  fueron realizadas gracias a la información  de los aviones de Manta”, dijo el ministro consejero de la misión diplomática, Jefferson Brown, el pasado 4 de agosto, en una visita a esa localidad.

De ahí que el martes pasado la embajadora de ese país, Linda Jewell, haya manifestado su interés de negociar la renovación del acuerdo (que vence en el 2009) con el próximo gobierno, pese a la resistencia que su actividad generó en organizaciones de defensa de Derechos Humanos y otros sectores sociales del país.

Agrupaciones como el Grupo de Monitoreo del Plan Colombia, la Aldhu, la APDH y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) cuestionan el convenio porque “afecta la soberanía del país”; e insisten en que el documento es inconstitucional porque nunca fue conocido por el Congreso.

Y todas coinciden en que su propósito inicial fue modificado unilateralmente para involucrar abiertamente al Ecuador en el Plan Colombia, una iniciativa militar del gobierno de ese país (respaldado por EE.UU.) para combatir a los grupos insurgentes que fueron catalogados como ‘terroristas’ desde los atentados del 11 de septiembre del 2001.

Ambos gobiernos afirman que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) son financiadas por el narcotráfico.

Luis Saavedra y Helga Serrano, voceros de Inred y de la Coalición No Bases Ecuador, aseveran que los radares de los aviones que operan en Manta proveen de “información en tiempo real” sobre la movilización de la guerrilla a los batallones colombianos.

Saavedra agrega que, además, sirven para interceptar embarcaciones ecuatorianas con migrantes; desde el 2000, según registro de esas agrupaciones, unos 17 barcos resultaron hundidos o dañados.

El acuerdo de cooperación señala que el Ecuador debe notificar a EE.UU. sobre la extensión del convenio un año antes de su vencimiento (es decir, en el 2008).

Los candidatos presidenciales León Roldós (RED-ID), Rafael Correa (PAÍS), Luis Macas (Pachakutik), Luis Villacís (MPD), Marco Proaño Maya (MRD), Carlos Sagnay de la Bastida (INA) y Jaime Damerval (CFP) han dicho que no renovarán el acuerdo con EE.UU. porque defienden el principio de no intervención en los conflictos internos de países vecinos.

Fernando Rosero (PRE) ha expresado que planteará que EE.UU. otorgue una “amnistía migratoria” a los compatriotas que residen en ese país y, luego, analizará la conveniencia de renovar el acuerdo.

Gilmar Gutiérrez (SP) ha manifestado que convocará a una consulta para que  “el pueblo” decida; mientras que  Cynthia Viteri (PSC) y  Álvaro Noboa (Prian) no se han pronunciado sobre ese tema.

Ninguno de los aspirantes ha dicho cómo resolverá los problemas diplomáticos bilaterales que ocasione cualquier determinación al respecto.

El ex canciller José Ayala Lasso –quien participó en la negociación con EE.UU.– sostiene que, al menos en el plano político, el acuerdo trajo más conflictos que beneficios para el país. “El tema dio lugar a una discusión interna que fue minando el espíritu de unidad nacional, aumentaron las fricciones con EE.UU., lo que impidió estrechar las relaciones diplomáticas”, refiere.
  
La Embajada defiende, sin embargo, el aporte  del FOL en la economía de Manta cada año; esto es, $ 10 millones. La inversión en infraestructura (como la construcción de la pista de la base) llega a $ 100 millones, según la misión diplomática.

Ayala indica que la Cancillería tiene que examinar si el acuerdo se cumplió dentro de los parámetros establecidos.

“Habría que determinar si se ampliaron las acciones autorizadas a otro tipo de actividades, como el apoyo al Plan Colombia, por ejemplo. Si esto último ocurrió, el acuerdo se ha deslegitimado, por lo cual el Ecuador puede no renovarlo”, explica Ayala.

Por lo pronto, el canciller Francisco Carrión ha dicho: “Creo que, una vez hecha la evaluación de los beneficios de la Base de Manta, estos no han sido lo suficientemente convenientes para el país, por lo cual la renovación me parece que tampoco lo es”.