Según una primera evaluación los restos coinciden con algunos rasgos, como estatura y contextura física.
Las autoridades iniciaron ayer las pruebas técnicas de identificación que buscan determinar si las osamentas exhumadas en una zona rural corresponden a los del desaparecido líder paramilitar Carlos Castaño.
La Fiscalía exhibió a la prensa los restos óseos, que presentaban un orificio en la parte izquierda del cráneo y una fractura en su brazo del mismo lado, producto, al parecer, de un accidente pocos días antes de su ejecución.
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El presunto homicidio de Castaño se lo atribuyó el detenido Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, el jefe de seguridad de Vicente Castaño, hermano de Carlos.
James Valencia, jefe de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, dijo que su oficina se encargará de todo el proceso de identificación de la osamenta encontrada en Guasimal, un sitio en zona rural de Valencia, noroeste de Bogotá.
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Valencia precisó que los restos presentaban también heridas en brazos y piernas.
Si lo que hacemos es un estudio de la carta dental y el análisis médico, podemos tener en un par de horas la identificación. Estamos esperando que de la oficina del Comisionado de Paz nos llegue la información, indicó Valencia.
Explicó que de no encontrarse la carta dental de Castaño se procedería al estudio del ADN, lo que podría demorar al menos una semana, siempre y cuando se logre encontrar a un familiar del jefe paramilitar y fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Tres meses se demoraría confirmar si restos encontrados ayer son de Carlos Castaño, publicó ayer El Tiempo. Según una primera evaluación, los restos coinciden con algunos de los rasgos del ex jefe para, tales como su estatura y su contextura física.
La muerte de Castaño al parecer fue fraguada por su propio hermano y otros jefes paramilitares que temían ser entregados a la justicia de Washington por narcotráfico, delatados por el mismo Carlos Castaño.
Roldán permanece junto con otros 25 ex jefes paramilitares en un centro recreativo acondicionado como cárcel provisional en La Ceja, 220 km al noroeste de Bogotá, donde esperan ser juzgados por sus crímenes, bajo la ley de Justicia y Paz.