Zoila Flor Ramírez, la mujer detenida el jueves pasado por supuesto delito de estafa, informó el viernes que ya compró el terreno donde se iba a construir el proyecto urbanístico que ofreció a sus clientes.

Ramírez acudió ese día  a rendir declaraciones en la Fiscalía de Machala, afirmó que  adquirió 10 hectáreas de terreno de propiedad del señor César Ullauri, ubicado en la vía a Pajonal, en 800.000 dólares, en  septiembre de 2005.

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Además se defendió de sus acusadores. Asegura  que ellos han sido mal asesorados por un abogado que trabajó para su empresa y que fue despedido.

Ella niega haber pagado intereses o utilidades a los denunciantes, “lo que sí  han recibido son abonos a cuenta de sus inversiones cuando tenían necesidades” manifestó.

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Según las investigaciones, Ramírez alquiló una oficina en el segundo piso del edificio TeleCarpio, en las calles Nueve de Octubre y Tarqui, para negociar terrenos.

Los primeros en sospechar irregularidades fueron los propios vecinos, quienes detectaron la presencia de gran cantidad de personas que visitaban la oficina.

A los supuestos clientes se les ofrecía un negocio con alto rendimiento para sus capitales cuando en realidad se trataba de una captación de dinero que se inició desde diciembre del 2005.

También a la detenida se la acusa de haber comprado terrenos a nombre de terceros, vehículos, computadoras, muebles y otros artículos con el dinero de sus “clientes”, pero ella declaró ante la Fiscalía que los dineros estaban siendo utilizados en grandes inversiones.

No devuelven utilidades
Los denunciantes aseguraron que en varias ocasiones pidieron la devolución de su  dinero, pero nunca recibieron una respuesta favorable, de parte de Ramírez.

Rosa Grace Valarezo Beltrán declaró en la Fiscalía local que se enteró de unas inversiones en urbanizaciones con buenas utilidades, por lo que acudió a la oficina de Ramírez a quien entregó 15.000 dólares en  efectivo el 28 de diciembre del 2005.

“Luego de un tiempo, Ramírez me indicó que había invertido el dinero y que no tenía para pagarme las utilidades”, expresó Valarezo.

Otro de los denunciantes, Freddy Hugo Valarezo, dijo que luego que entregó a Ramírez 51.700 dólares, recibió una respuesta similar: que había invertido el dinero y que no tenía ni para pagarle las utilidades mensuales.

Señala que la mujer le hizo firmar unos documentos supuestamente para regularizar su inversión ante la Superintendencia de Bancos.

Pero la imputada, aseveró que “los denunciantes son personas que han aportado un capital de inversión a la inmobiliaria, de lo que existen documentos de respaldo”.