El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ordenó este miércoles la captura de los más emblemáticos jefes de las paramilitares  Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en un hecho que, justificó, "es un  esfuerzo" para que la negociación con estos escuadrones "gane credibilidad".
  
Los arrestos se produjeron en forma simultánea en "Villa Esperanza", una  hacienda cercana a Medellín (400 km al noroeste de Bogotá), en Santa Fe de  Ralito, una aldea que sirvió de sede a las negociaciones (700 km al norte) y en  la ciudad cafetalera de Pereira (340 km al oeste).
  
Entre los detenidos están Ramón Isaza, Julián Bolívar, Antonio López,  Javier Montañez, Ernesto Báez y Salvatore Mancuso, indicó a la AFP un alto  funcionario de la Fiscalía.
  
La detención se produjo después que el presidente Uribe reiterara este  miércoles su llamado para que los paramilitares se pusieran a disposición de la  Justicia o de lo contrario perderían los beneficios jurídicos concedidos en el  marco de una negociación iniciada en 2003, entre ellos la no extradición.
  
"Los procesos de paz salen adelante cuando ganan credibilidad. Estos (las  detenciones) son esfuerzos para que este proceso salga adelante a través de  ganar credibilidad", dijo Uribe al término de una ceremonia militar en Bogotá.
  
"Anoche me preguntaba el Comisionado (de paz, Luis Carlos Restrepo) si en  los lugares de reclusión se pueden seguir las gestiones de paz. Por supuesto,  pero la reclusión en esos lugares le da credibilidad al proceso, le quita  cualquier suspicacia y es muy importante", añadió Uribe.
  
Mientras, su ministro del Interior (política), Sabas Pretelt, aclaró que  los paramilitares detenidos no serán extraditados a Estados Unidos. "Para que  haya credibilidad en esta negociación de paz, las personas a las que el  gobierno suspendió la extradición no serán extraditadas", señaló Pretelt.
  
El comisionado Restrepo viajó hacia el mediodía de este miércoles (17H00  GMT) a Medellín y tras sostener una reunión con varios de los paramilitares  detenidos, leerá un comunicado oficial en horas de la tarde, según dijo a la  AFP una fuente del palacio de Nariño (sede presidencial).
  
El gobierno multiplicó en la última semana sus pronunciamientos señalando  que los paramilitares desmovilizados acusados de delitos de lesa humanidad,  debían ponerse a disposición de los jueces.
  
El lunes Uribe llamó a los paramilitares a presentarse "sin dilación" ante  los magistrados que conocerán de los delitos de lesa humanidad contemplados en  una ley de justicia y paz que dio el marco jurídico a la negociación, que  permitió el desarme de esas organizaciones ilegales.
  
El martes, Báez dijo que las AUC "recibían ese llamado con la mayor  serenidad" y recordó a Uribe que tanto él como otros líderes de estos  escuadrones venían cumpliendo las citaciones que les hace la Justicia  colombiana.
  
Uribe adoptó la decisión en medio de una gran presión por parte de sectores  opositores, organismos internacionales y el gobierno de Estados Unidos para que  acate un fallo de la Corte Constitucional que recortó los beneficios jurídicos  a los paramilitares desmovilizados.
  
De acuerdo con la ley de Justicia y paz, los paramilitares que dejen las  armas recibirán penas de entre tres y ocho años de cárcel para todos los  delitos que hayan cometido, incluyendo masacres de campesinos y civiles a los  que acusaban de colaborar con las guerrillas izquierdistas.
  
La Corte condicionó ese beneficio a que los paramilitares confiesen la  totalidad de sus delitos e indemnicen a sus víctimas o a sus familiares, y  además no les suma para la pena que reciban el año que pasaron concentrados  --en el marco de la negociación-- antes de entregar las armas.
  
Por causa del fallo de la Corte, los paramilitares han advertido que el  proceso se encuentra en estado "crítico".