La crisis bancaria de 1999 refleja cómo el manejo inapropiado de las leyes puede dar paso a una catástrofe económica que, en el caso de Ecuador, hizo que entre 1994 y 1999 un total de 16 bancos cerraran sus operaciones.
Los cálculos llegan a un consenso: que fue cerca de 5 mil millones de dólares el costo de la crisis bancaria. Aunque otros criterios, como el de Jorge Rodríguez, ex vocal de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), se aventuren a decir que la cifra llega a los 8 mil millones de dólares.
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Una ley publicada en el Registro Oficial del 12 de mayo de 1994, en pleno gobierno de Sixto Durán-Ballén, puso las nuevas reglas para la banca: más libertades para conceder créditos vinculados y para obtener préstamos del Estado.
La caída del Banco Continental, en agosto de 1996, es quizá el caso que pudo haber presagiado el escenario de 1999. Ya para 1998, Solbanco, Préstamos y Tungurahua tuvieron que entrar en liquidación.
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A partir de ese momento se buscaron modificaciones a las leyes para que los bancos no fueran liquidados inmediatamente. Así, se crearon los procesos de reestructuración y saneamiento, antes de la liquidación.
Ante la inminente intervención estatal de Filanbanco, el banco más grande del sistema, el Congreso Nacional apoyó la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), que cubría ilimitadamente los depósitos de los ahorristas, con lo que los ciudadanos respiraron tranquilos. Y los banqueros también.
Así, en 1999 cayeron el resto de bancos grandes: Progreso, Popular, Previsora, Filanbanco y Pacífico. También entraron en saneamiento Azuay, Finagro, Financorp, Occidente, Bancomex, Unión y Crédito.
El panorama para que esto sucediera se complicó desde el domingo 7 de marzo de 1999, cuando el presidente de la República, Jamil Mahuad, decidió que se decretara un congelamiento bancario. El anuncio de la medida se lo encargó al superintendente de Bancos, Jorge Egas Peña.
Egas Peña grabó la noche de ese domingo la intervención en los estudios de SíTV, que pertenecía en ese entonces al dueño del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu.
Cuando se difundió el mensaje televisado, la noche del lunes 8, la desesperación hizo presa de los ahorristas. Al día siguiente, el martes 9, se hicieron protestas y vigilias en varias ciudades del país.
El congelamiento estipulaba que los ahorristas no podían sacar sus dineros durante un año, pero las protestas de los indígenas consiguieron que se aminoraran los plazos para poder retirar el dinero de los bancos. En noviembre de 1999, el Tribunal Constitucional declaró ilegal el congelamiento.
El 9 de enero del 2000, el Gobierno decretó la dolarización del sistema financiero para evitar la hiperinflación, cuando el dólar se cotizaba a 25 mil sucres. Finalmente, el gobierno de Mahuad cayó el 21 de enero del 2000.
En un informe de la CCCC, del 22 de febrero del 2001, se contabilizaron 68 órdenes de prisión en contra de dueños y administradores de bancos, de los cuales, hasta esa época, solo se detuvo a tres.