Como consecuencia del auge delictivo, cientos de ciudadanos salieron tiempo atrás a las calles a exigir medidas que pongan un alto al hampa.
Las exigencias de seguridad no se satisfacen con medidas parches como esa, o la creación de una oficina de seguridad, o la agravación de las penas; ni con considerar que le corresponde al Presidente de la Corte Suprema legislar la solución del problema. La delincuencia hay que conceptuarla serenamente para atacar sus causas, proveer suficientes medios y erradicar sus consecuencias.
La falta de trabajo es el motivo principal por el que nace la necesidad de delinquir, junto a la falta de educación y de valores.
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Es fundamental para combatir la causa de la delincuencia que el Estado, las instituciones privadas y la familia promuevan la educación y los valores humanos. En segundo lugar, y no antes –pues de lo contrario se eliminará a 50 mil delincuentes y surgirán 100 mil más– debemos analizar cuáles son los medios para proveer a la Policía, fiscales, jueces..., con el objetivo de enfrentar al delincuente. A la Policía no deben solo dotarla de más armas. También hay que capacitarla en el manejo de vigilancia y captura de antisociales.
Los fiscales y jueces están sujetos a lo que dispone un mal concebido procedimiento penal, conocido como sistema acusatorio. Este, aunque podría funcionar eficazmente en un Estado con suficiente madurez jurídica, en el nuestro limita al juez, pues el procedimiento no puede promover de oficio o a petición del ofendido la investigación de un delito, ya que tratándose de delitos de acción pública, hoy el juez está limitado a esperar que el fiscal promueva la investigación y acuse, sin lo cual el proceso no puede iniciarse. Además, siendo todo el procedimiento penal oral, sin que los jueces dispongan de los instrumentos técnicos para soportar o guardar las piezas procesales, este fácil y frecuentemente pierde la consistencia y unidad de cada proceso; llegándose en ocasiones a exculpar al imputado o a culpar a un inocente, propenso como está el juez a que por falta de apoyos técnicos le juegue mal la memoria.
El Presidente de la República y el Congreso tienen la cura de esta crisis: el primero, preocupándose por combatir con políticas sociales las causas de la delincuencia, promoviendo la educación y el trabajo, poniendo a las Fuerzas Armadas como disuasivas frente al delito y como refuerzo de la Policía; el segundo, derogando el actual Código de Procedimiento Penal para volver al procedimiento anterior, en el cual el fiscal actuaba como representante de la vindicta pública y el juez tenía la obligación de actuar y dar trámite a las denuncias de ciudadanos víctimas de la delincuencia.
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Dr. Jaime Ortega Trujillo
Guayaquil
