Pablo Fajardo, abogado del activista de Derechos Humanos, Wilmar Jiménez, informó que su defendido pagará los $ 500 que fijó como fianza el Juez Segundo de lo Penal de la IV Zona Militar, capitán Humberto Vargas, para recobrar su libertad.

Jiménez fue detenido el lunes de la semana pasada por las Fuerzas Armadas, supuestamente por intentar tomarse un pozo petrolero; aunque según su abogado, fue apresado cuando cumplía su papel de observador el 19 de junio en las afueras de la empresa petrolera Perenco en la parroquia Nuevo Paraíso de este cantón.

Publicidad

Su detención generó una ola de protestas en Orellana, exigiendo su libertad y el levantamiento del Estado de Emergencia, cuya vigencia terminó ayer.

Fajardo aseguró que a pesar de que Jiménez no cometió ningún delito de sabotaje, como acusó el superintendente de Perenco, Marco Ramírez. El activista tenía previsto depositar  ayer  la fianza en la agencia del Banco Nacional de Fomento de Puyo, para recobrar su libertad y posteriormente defenderse ante la justicia civil.

Publicidad

Wilmar Jiménez, Diocles Zambrano, Diliberto Rodríguez, José Moreira y Cruz Moreira se encuentran denunciados ante el Fiscal militar de la IV Zona por el delito de sabotaje y terrorismo, según la denuncia presentada por Marco Ramírez Álvarez.  El artículo 158 del Código Penal común castiga esos delitos con ocho y doce años de reclusión mayor.

Protesta
Mientras tanto, en Quito, una veintena de ecologistas protestaron por la mañana en las afueras de la embajada de Francia contra la petrolera  Perenco.

Los activistas exigieron la salida del país de la compañía extranjera por ocasionar daños ambientales y  promover la violencia contra los pobladores amazónicos en Orellana,  informó la agencia de noticias AFP. 

EMERGENCIA

GOBIERNO
Aunque el lunes pasado el ministro de Gobierno, Felipe Vega, consideró que debía extenderse el Estado de Emergencia en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos. Hasta las 16h00 de ayer ese decreto Ejecutivo no fue renovado.

HAMBRE
Desde el lunes pasado la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori (ID), y  otras diez personas realizan una huelga de hambre para exigir la expulsión de la petrolera Perenco y la libertad de Wilmar Jiménez. Los pobladores acusan a la petrolera de causar daños ambientales a través de una instalaciones defectuosas.