El debate definitivo de la Ley para la Rehabilitación de la Producción, propuesto por el diputado León Febres-Cordero, dependerá más de la voluntad del Partido Social Cristiano (PSC) y de la Izquierda Democrática (ID) que de la organización del Congreso o de las reuniones de la Comisión de lo Económico, encargada de elaborar un informe previo.
El tratamiento del proyecto se ha caracterizado por un apoyo unánime para reducir, vía ley, los costos financieros; y por una división a la hora de proponer cómo.
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Un ejemplo: Febres-Cordero plantea un anclaje de las tasas de interés a fórmulas preestablecidas. La ID cree que deben regularse con una segmentación del mercado.
Tampoco hay coincidencia en la forma de calcular esos costos, a través de un tarifario de la Junta Bancaria o dejarlo a otro tipo de cálculos.
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La Comisión de lo Económico se reunió ayer para confirmar los desencuentros en los que se halla desde que se retomó el tema en el Congreso, a fines del 2005.
Jorge Sánchez (ID), presidente de la Comisión, indicó que es cuestión de juntar los cuatro informes propuestos en uno y presentarlo al Pleno para el debate final. El documento, dijo, estará listo hoy.
Pero eso no le garantiza la firma de los otros miembros: Raúl Paladines (PSC), Alberto Andrade (PSC), Salvador Quishpe (Pachakutik), Marco Morillo (ID), Augusto Guerrero (independiente) y Rafael Dávila (independiente). Este último piensa que las definiciones tomarán más días y que el debate quedará para julio. Reconoce que la posición del PSC y de la ID serán claves.
