Los paramilitares de ultraderecha aseguraron este viernes que el proceso de paz con el gobierno colombiano sufrió un "golpe mortal" por un fallo de la justicia que les recortó varios beneficios jurídicos, y advirtieron sobre la posibilidad de un rearme.
"Es un golpe mortal para el proceso de paz. Ciertas instancias de poder no logran dimensionar el alcance de la desmovilización de más de 30.000 personas", dijo a Radio Caracol el ex jefe político de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Ernesto Báez.
El jueves la Corte Constitucional declaró legal la llamada ley de Justicia y Paz -marco jurídico del proceso de desarme de las AUC, aprobada por el Congreso hace un año-, pero eliminó varios beneficios jurídicos incluidos allí.
El punto más sensible del fallo señala que las condenas impuestas por la justicia antes del diálogo de paz se deben cumplir en su totalidad, por lo que los paramilitares sentenciados no pueden acceder al beneficio que prevé penas máximas de ocho años de cárcel para delitos de lesa humanidad como masacres.
Un total de 2.180 ex combatientes, incluidos varios líderes de las AUC, se habían acogido a la ley de Justicia y Paz, criticada por la ONU y por organizaciones de derechos humanos.
"Es un golpe bajo, estamos desconcertados. Los únicos beneficios que consagraba la ley y que motivaron la decisión de dejar las armas, fueron cancelados abruptamente por la Corte Constitucional, que no dimensionó la magnitud de este gesto histórico", añadió Báez.
El desmovilizado paramilitar anunció que se iniciaron contactos con los ex miembros de la cúpula de las AUC para adoptar una posición al respecto. "Estamos en circunstancias muy complejas, no sé cuál puede ser el camino", dijo.
Sin embargo, advirtió sobre la posibilidad de que algunos ex combatientes retomen las armas. "Aquí hay que contemplar todos los riesgos y posibilidades, es un golpe bajo y mortal", afirmó Báez, condenado por concierto para delinquir.