Los paramilitares de ultraderecha aseguraron este  viernes que el proceso de paz con el gobierno colombiano sufrió un "golpe  mortal" por un fallo de la justicia que les recortó varios beneficios  jurídicos, y advirtieron sobre la posibilidad de un rearme.
  
"Es un golpe mortal para el proceso de paz. Ciertas instancias de poder no  logran dimensionar el alcance de la desmovilización de más de 30.000 personas",  dijo a Radio Caracol el ex jefe político de las disueltas Autodefensas Unidas  de Colombia (AUC), Ernesto Báez.
  
El jueves la Corte Constitucional declaró legal la llamada ley de Justicia  y Paz -marco jurídico del proceso de desarme de las AUC, aprobada por el  Congreso hace un año-, pero eliminó varios beneficios jurídicos incluidos  allí.
  
El punto más sensible del fallo señala que las condenas impuestas por la  justicia antes del diálogo de paz se deben cumplir en su totalidad, por lo que  los paramilitares sentenciados no pueden acceder al beneficio que prevé penas  máximas de ocho años de cárcel para delitos de lesa humanidad como masacres.
  
Un total de 2.180 ex combatientes, incluidos varios líderes de las AUC, se  habían acogido a la ley de Justicia y Paz, criticada por la ONU y por  organizaciones de derechos humanos.
  
"Es un golpe bajo, estamos desconcertados. Los únicos beneficios que  consagraba la ley y que motivaron la decisión de dejar las armas, fueron  cancelados abruptamente por la Corte Constitucional, que no dimensionó la  magnitud de este gesto histórico", añadió Báez.
  
El desmovilizado paramilitar anunció que se iniciaron contactos con los ex  miembros de la cúpula de las AUC para adoptar una posición al respecto.  "Estamos en circunstancias muy complejas, no sé cuál puede ser el camino",  dijo.
  
Sin embargo, advirtió sobre la posibilidad de que algunos ex combatientes  retomen las armas. "Aquí hay que contemplar todos los riesgos y posibilidades,  es un golpe bajo y mortal", afirmó Báez, condenado por concierto para  delinquir.