Salud centraliza recursos

Directores de los centros cuestionan la  desinformación sobre la reforma     y la  concentración de recursos en Quito. 

En el Hospital Docente de Ambato  está lista la planta física para la instalación del tomógrafo que se pretendía comprar este año con parte de los $ 610 mil de la partida preasignada que esta institución debía recibir con la partida del Programa de Equipamiento, Insumos y Mantenimiento Hospitalario.

La obra fue recomendada por una delegación del Ministerio de Salud y que sugirió, además, la renovación de los quirófanos y del centro obstétrico, por  obsoletos.

“Nos hicieron hacer la planta y todo está listo para la instalación del tomógrafo, lamentablemente ahora se nos trunca otra vez”, indicó Jorge Torres Carrasco, director del hospital, refiriéndose a la decisión del Ejecutivo de ordenar al Ministerio de Economía que el 10% de la recaudación por el Impuesto a los Consumos Especiales que financia  ese programa sean transferidos este año al Ministerio de Salud Pública.

El 16 de marzo pasado  mediante decreto  1251,  el Mandatario  cambió el destino de  los cerca de 24 millones de dólares que se recibirán este año por ese concepto y que según  el artículo 3 de la ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario, debían administrar los hospitales.

Los directivos de los sanatorios provinciales coinciden en que con la decisión presidencial lo que se hace es centralizar de nuevo los recursos  y retroceder en la descentralización que se logró en 1998 con esa ley.

Hasta la semana anterior, algunos hospitales provinciales no habían sido notificados al respecto. Lo que generó  desconcierto y especulaciones, algunos creían que se trataba de un recorte presupuestario.

En el hospital provincial Martín Icaza, de Los Ríos, por ejemplo, el primer referente sobre el tema lo tuvo su jefe financiero, Julio Villacís, cuando viajó a Quito el 3 de abril a presentar una documentación en el Ministerio de Salud.

“El analista señaló que para Los Ríos todavía  no iban a despachar esos recursos  porque  supuestamente iba a haber una rebaja del 30% o 50%. Luego, cuando actualizamos la información en internet nos dimos cuenta  de que no estaban esos fondos”, recordó Villacís.

Sobre el decreto se enteraron cuando este Diario los visitó el lunes pasado.
Según Julio Gómez, director del hospital, tenía previsto recibir este año 182.940,72 dólares  y planeaba invertir parte de ese valor en 40 camas.

En Tulcán estaban convencidos de que se trataba de un recorte hasta fines de abril. Recién en la primera semana de mayo el director del hospital Luis Gabriel Dávila, José Delgado,  confirmó que el Ministerio de Economía les había debitado los 132.444,02 mil dólares con los que contaban para  adecuaciones  en las áreas de fisiatría y estadística.

Pero también hubo desconocimiento del tema en las direcciones provinciales de Salud. El 26 de abril pasado ni el director provincial de Imbabura, Carlos Peralta, ni su jefa financiera, Verónica Proaño, conocían sobre el tema. “Se han escuchado  rumores sobre un recorte”, dijo Proaño.

Los directores provinciales fueron informados sobre esto el lunes pasado, cuando fueron convocados a una reunión en Quito. Allí se explicó que se cubrirán los casos de los hospitales que  contrataron la compra de equipos, según el director provincial de Guayas, Javier Carrillo.  Además, les aseguraron  que los hospitales no perderán el fondo, sino que se hará una licitación  nacional para obtener mejores precios en las compras de insumos.

En esa reunión también se informó que parte del fondo (el 30% que según el Ministerio no ha sido utilizado por los hospitales) financiará el Programa de Fortalecimiento de la Red Nacional de Emergencias Médicas.

Programa
El ministro de Salud, Iván Zambrano, informó que dicho programa, que cuenta con un presupuesto aproximado de 2 millones de dólares, consiste en el aprovisionamiento de 300 unidades móviles de tratamiento médico, 10 centros de trauma y un call center.

Estos, dijo el Ministro, funcionarán como una red para paliar las necesidades de tratamiento urgente de pacientes, a propósito de que han subido las tasas de mortalidad por accidentes (no precisó cuánto), y por la alta demanda  de ambulancias en los hospitales.

Aseguró que el programa será vigilado por la Organización Panamericana de la Salud y Naciones Unidas y que trabajará con los sistemas de emergencia locales (911); la Cruz Roja,  Cuerpo de Bomberos y  Defensa Civil.