El presidente boliviano Evo Morales decretó ayer nacionalizar el sector hidrocarburífero y anunció igual acción “en la minería, recursos forestales y la tierra”. También ordenó al Ejército tomar los campos energéticos para evitar posibles sabotajes.
El decreto obliga a las transnacionales a entregar toda su producción al Estado de inmediato y establece que si rechazan la medida deberán dejar Bolivia en 180 días.
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En la víspera de cumplir 100 días en el poder, el mandatario advirtió a las petroleras que “si no respetan el nuevo decreto y la dignidad de los bolivianos, los hará respetar por la fuerza”.
Ayer el ministro brasileño de Minas y Energía, Silas Rondeau, calificó como “gesto no amistoso” el decreto. Petrobras es el mayor inversor en Bolivia y controla el 14,5% de la reserva boliviana de gas.
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España dijo que está muy preocupada y la gigante petrolera hispana Repsol-YPF indicó que es pronto para evaluar la medida.
El primer grupo petrolero mundial, el estadounidense Exxon Mobil, juzgó prematuro comentar el hecho.
82% de ingresos por la producción de hidrocarburos y gas serán para el Estado y el 18% para las petroleras durante los seis meses de plazo que tienen para acatar la nacionalización.
Presidente boliviano anunció nacionalización del petróleo, gas y otras áreas
Morales tomó histórica decisión
La víspera de cumplir cien días como presidente de Bolivia, el indígena socialista Evo Morales anunció ayer la inmediata y total nacionalización de los hidrocarburos que alcanzará en el futuro a la minería, los recursos forestales y la tierra.
En un sorpresivo acto público en el campo de gas y petróleo San Alberto, 700 kilómetros al sureste de La Paz, Morales anunció que firmó el decreto 28.701, que obliga a las empresas transnacionales petroleras a entregar toda su producción al Estado de inmediato, para su comercialización e industrialización.
Si rechazan la medida, deberán abandonar el país.
Desde ahora la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se encargará de los campos, y las compañías extranjeras que los operaban deben regularizar su situación con nuevos contratos en un plazo de 180 días.
El decreto establece una nueva distribución de los ingresos petroleros, que serán el 82% para el Estado boliviano y el restante 18% para las petroleras y las empresas deberán vender a YPFB las acciones necesarias para que la estatal tome el 50% más uno en esos consorcios.
Las petroleras se beneficiaron con el 82% del negocio desde 1996 hasta el 2005, cuando una ley de hidrocarburos fijó las ganancias en el 50% para cada una de las partes.
Luego Morales, en un discurso ante una multitud dijo que la nacionalización empezó con los hidrocarburos, “mañana será la minería, será lo forestal, serán todos los recursos naturales, que pelearon nuestros antepasados”.
“Estamos empezando, falta mucho que hacer, a fines de mes vamos a hacer acuerdos para industrializar el petróleo en territorio boliviano”.
“Tenemos un paquete de decretos para recuperar la tierra para los bolivianos, serán pasos importantes que vamos a dar”, señaló.
“Las empresas que han invertido tienen derecho a recuperar su inversión, pero antes nos daban 18% (de regalías), ahora es todo lo contrario: 82% para los bolivianos y 18% para ellos, y si no aceptan eso mejor que se vayan”, remató.
“Llegó la hora, el día esperado, un día histórico para que Bolivia retome el control absoluto de nuestros recursos”, dijo el mandatario en el campo, administrado por la compañía brasileña Petrobras, y sus socias, la española Repsol YPF y la francesa Total.
Morales argumentó que con la nacionalización de hidrocarburos “se solucionarán los problemas económicos del país, porque se generarán más fuentes de trabajo y porque la medida significa el inicio de una verdadera nacionalización del Estado”.
El proceso afecta a Andina S.A., filial de Repsol; Chaco S.A., controlada por la británica British Petroleum; Transredes, cuyo mayor paquete accionario pertenece a la anglo holandesa Shell y a un consorcio estadounidense que reemplaza a la quebrada Enron; y también a Petrobras.
Morales mencionó que cumple así su promesa electoral de proceder a la nacionalización sin indemnización.
Aseguró el normal abastecimiento de combustibles y señaló que el gobierno iniciará de inmediato negociaciones con las petroleras para que acepten la nueva política.
Tras el anuncio presidencial, militares tomaron el control de campos e instalaciones petrolíferas en el territorio boliviano, incluyendo a dos refinerías propiedad del mayor inversor extranjero en el sector, la brasileña Petrobras.
En San Alberto, durante la lectura del decreto, militares desplegaron una bandera boliviana y una pancarta que decía “nacionalizado”.
YPFB, actualmente un organismo administrativo, “deberá ser refundada en un máximo de sesenta días”, dijo.
La nacionalización de los hidrocarburos fue la principal promesa electoral que permitió a Morales obtener la presidencia, pues gran parte de los bolivianos vive en la pobreza pese a tener la segunda mayor reserva de gas natural de Sudamérica tras Venezuela.
También dijo que la capitalización (privatización) del sector había sido “una traición a la patria” y que sus responsables serán enjuiciados, entre ellos el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) fue quien ejecutó en su primer mandato la capitalización.
En el 2003, Sánchez de Lozada renunció tras una revuelta popular contra planes privados de exportación de gas, que dejó al menos 60 muertos.