El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene pendiente el pago de la deuda de $ 223.200 que mantiene con la compañía Interviu.
Estos recursos corresponden a los honorarios de la empresa que auditó el gasto electoral durante la campaña electoral del 2004.
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El contrato suscrito en aquella época por el director de Interviu, José Lucero, y el ex presidente del TSE, Nicanor Moscoso, señala que la auditora recibió un adelanto de $ 223.200 y que se le debía pagar la otra mitad una vez que se hubiera remitido el informe que registra los excesos de gasto, además de la firma de un acta de entrega-recepción.
Pero la recepción no tuvo la intervención del TSE, sino que se la ejecutó –en mayo pasado– a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con el respaldo del artículo 84 de la Ley de Contratación Pública que establece que “si no lo hiciere (la recepción definitiva presunta), el contratista podrá presentar su liquidación a la entidad, y si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en 30 días, el contratista notificará judicialmente con su liquidación a la entidad contratante”.
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Según Lucero, el TSE solicitó en junio pasado la revocatoria de esta decisión, pero el Tribunal de lo Contencioso la negó por improcedente.
En noviembre pasado, la Contraloría sostuvo que Interviu cumplió con el contrato al entregar en marzo del 2005 la documentación requerida.
En tanto, Patricio Torres, titular de la Comisión, anunció que durante la presente semana el pleno del TSE tratará el tema y determinará la solución.