El ex dictador chileno Augusto Pinochet, sometido a juicio por delitos vinculados con sus cuentas secretas en el exterior, también mantuvo algunas con identidades falsas en al menos tres bancos de Chile, según un informe especializado de la policía que reveló ayer el diario estatal La Nación.
Pinochet, que también enfrenta un juicio por violaciones a los derechos humanos en su dictadura (1973-1990), realizó operaciones en el ochenta en el Banco de Talca, el Citicorp & Santiago S.A. y el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), con el nombre de José Ramón Ugarte.
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“Esta comprobación echa por tierra el argumento de la defensa de Pinochet, como también el sostenido por su familia, en el sentido de que el ex dictador solo usó este nombre falso para abrir cuentas en EE.UU. y Europa”, escribió el matutino.
El juicio que enfrentan el ex dictador y su familia bajo cargos de evasión tributaria, falsificación de documentos y un supuesto enriquecimiento ilícito, tiene su origen en las cuentas secretas que mantuvo en el Riggs Bank de EE.UU. y bancos de otros países, con depósitos estimados en 27 millones de dólares.
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Las operaciones, en las que Pinochet y sus familiares usaron diferentes nombres para ocultar su identidad, fueron reveladas en julio del 2004 por el Senado de EE.UU. que investigaba el financiamiento de grupos terroristas vinculados con el mundo islámico.
El juez Carlos Cerda mantuvo bajo arresto domiciliario a Pinochet como principal inculpado. Su esposa, Lucía Hiriart, también fue detenida el 23 de enero pasado junto con sus hijos Marco Antonio, Verónica y Jacqueline. Todos quedaron libres tras el pago de fianza.
Antecedentes
Resguardo de embargo
Los abogados y familia de Pinochet han reiterado que este abrió cuentas en el exterior por su detención en Londres en 1998, para evitar un embargo internacional de sus bienes dictado por el juez español Baltasar Garzón, pero ello ocurrió 17 años después que abriera su cuenta en el Banco de Talca.
Encausado
Pinochet fue detenido ese año en Londres a instancias del juez Garzón, que pidió su extradición a España por los cargos de genocidio, torturas y terrorismo, pero el gobierno británico negó esta solicitud.