Napo está militarizada pero crece la violencia

Para buscar una salida a la crisis se anunciaron nuevas reuniones entre autoridades locales y el Gobierno. Panorama de paro incluye autoridades presas, 13 heridos y ataques a la propiedad privada. ¡Desalojo! ¡Desalojo! Esa palabra se regó como los gases lacrimógenos que hicieron llorar a los napenses o como la pólvora utilizada contra la fuerza pública mientras reprimía ayer a manifestantes en la Y de Baeza.El desalojo era la amenaza que había lanzado el general Gonzalo Meza, comandante de la Cuarta División del Ejército, el pasado martes a la medianoche cuando se ejecutaba el estado de emergencia en Napo, pero que él mismo trató de evitar, sin éxito, ayer en la mañana.La tensión que se vivió en Baeza la madrugada de ayer tuvo un desenlace violento.Luego de varios intentos por encontrar una salida para que termine el paro, iniciado el pasado lunes, o para convencer a los manifestantes para que despejaran la vía, unos 600 policías y militares lanzaron gran cantidad de gases lacrimógenos contra los pobladores, quienes tras responder con piedras corrían por la vía que conduce a Baeza y por las montañas del sector. Desde las alturas, personas no identificadas lanzaron tacos de dinamita que causaron heridos.Según la Cruz Roja Ecuatoriana, trece personas resultaron heridas durante el desalojo: dos al ser alcanzadas por tacos de dinamita; dos por impacto de bala; una por impacto de bomba lacrimógena y ocho por asfixia.Este enfrentamiento se dio luego de que se rompió el diálogo entre las autoridades gubernamentales y las seccionales. Las posiciones eran encontradas: por un lado los pobladores pedían la libertad de la prefecta de Napo, Gina San Miguel; de los alcaldes Washington Varela (Tena) y Rigoberto Reyes (Santa Clara), y otras ocho personas. Por otro, los representantes del gobierno presionaban para que se termine el paro de actividades. Nadie cedió y la conversación se suspendió a las 13h00.Ayer, al mediodía se conoció en Baeza que el régimen ratificó en sus funciones al gobernador de Napo, Marco Miño, y más tarde que se conformó una comisión para buscar una salida a la crisis.La comisión está integrada por los diputados Domingo Tanguila, José Vicente Pérez y Julio González, y la subsecretaria de Coordinación Política del Ministerio de Gobierno, María del Carmen Estupiñán.Los comisionados, quienes recibieron su encargo luego de una reunión de cuatro horas en el Ministerio de Gobierno, tendrán como primera misión reunir en Quito a la Prefecta de Napo y a los alcaldes de los cantones de la provincia para una sesión. No estarán en la capital los alcaldes de Tena y Santa Clara, porque están en contra de ellos y se ha iniciado una instrucción fiscal.El estado de emergencia sigue en Napo y los derechos ciudadanos están limitados. Las estaciones de radio han sido intervenidas por las autoridades militares, para impedir que transmitan mensajes que “incentiven a la población a agravar la crisis política”.AMAZÓNICAS ACUSACIÓN El Gobierno, a través del secretario de la Administración, José Modesto Apolo, sugirió que el ex presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, estaría detrás de las protestas en la provincia de Napo. CÁRCEL CUATRO “Nos está preocupando porque parecería que es un plan preconcebido y no quisiéramos pensar que nace de la cárcel cuatro”, dijo Apolo en alusión al sitio en donde permanece detenido el ex mandatario. RAÍCES EN NAPO Gutiérrez, quien está acusado de atentar contra la seguridad del Estado, nació en Tena, cuya capital es Napo, pero residía en Quito. Su padre, hermanas y varios familiares viven en la ciudad amazónica. POLICÍAS HERIDOS Las protestas también dejaron como saldo dos policías gravemente heridos. Otro herido, un estudiante secundario identificado como David Efraín Guzmán, se recupera en la clínica Pichincha, de la ciudad de Quito. DINAMITA Versiones de la Policía señalan que los uniformados resultaron heridos por la detonación de tacos de dinamita utilizados por manifestantes en el sector de la Y de Baeza durante un enfrentamiento que tenía como objetivo desalojar la vía y permitir el paso de automotores que se dirigen a las provincias amazónicas.

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