El Congreso de Estados Unidos acordó ayer extender la mayoría de los poderes concedidos a su gobierno bajo la Ley Patriota aprobada tras los atentados terroristas de septiembre de 2001 (y que caducaban este año), pero con modificaciones que limitarán algunos de estos poderes especiales.

También extiende por siete años la autorización a que las autoridades intervengan todas las líneas de teléfono fijo o celular y otras formas de comunicación que utilice una persona investigada, en lugar de pedir una autorización judicial.

También se amplía la posibilidad de aplicar la pena de muerte a personas que transporten materiales que se usen en ataques terroristas, a quienes planifiquen ataques mortales en el transporte público, contra barcos o instalaciones marítimas.

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Defensores de los derechos civiles y demócratas criticaron el acuerdo, que dijeron es otro golpe a los derechos individuales y restringen la libertad de los ciudadanos en nombre de la seguridad.