A 100 días de su inauguración, los Juegos Olímpicos de Invierno Turín 2006 (10-26 de febrero) ya tienen polémica, la que enfrenta a Italia y al Comité Olímpico Internacional (COI) respecto a las sanciones que se aplicarán a los atletas culpables de dopaje.
Los habituales debates sobre el presupuesto, el estado de las obras tres meses antes de los Juegos o las medidas de seguridad para proteger a 2.500 atletas de 70 países en siete lugares diferentes pasaron a segundo plano.
Publicidad
Italia, que tiene una legislación antidopaje muy estricta y más dura que el reglamento de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), quiere que sea respetada. Esa ley considera un crimen el dopaje y contempla, incluso antes del juicio, el encarcelamiento de los culpables.
El COI considera el dopaje una falta contra la ética deportiva y no prevé sanciones deportivas, prefiriendo orientar las medidas judiciales prioritariamente contra los abastecedores y no contra los deportistas.
Publicidad
Durante mucho tiempo, el COI esperó convencer a los italianos de aplicar una moratoria mientras duren los Juegos, pero Italia, en plena campaña electoral para los comicios del 9 de abril, no piensa ceder.
"Los Juegos tendrán lugar bajo la jurisdicción de la ley italiana en materia de dopaje. Las sanciones penales se mantendrán y el COI sabe que se equivoca cuando pide que no sean aplicadas", afirmó a finales de octubre en Turín el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Gianfranco Fini.
"Sería un mal ejemplo cerrar los ojos a la ley italiana que prevé responsabilidades penales para quienes recurran al dopaje", añadió el ministro. Y el subsecretario de Estado para el Deporte, Mario Pescante, miembro del COI y supervisor gubernamental de los Juegos, explicó: "He luchado para que mi país respete la carta del COI pero hay que saber que no hay mayoría en el Parlamento italiano, que la opinión está contra toda derogación y que la prensa se opone a una moratoria".
El presidente del COI parecía resignado. "Está claro que no habrá enmiendas al derecho italiano", dijo Jacques Rogge el 28 de octubre ante la Comisión Ejecutiva del COI en Lausana (Suiza).
"Quienes hacen trampa deben ser penalizados sin ninguna duda. Pero para el COI el dopaje es una falta ética, no un crimen", explicó Rogge. "Por supuesto, si se descubre un tráfico de estupefacientes en la Villa Olímpica, las autoridades deberían intervenir", añadió.
En Turín, entre la apertura de la Villa, a finales de enero, y la clausura de los Juegos el 26 de febrero, se efectuarán 1.200 controles antidopaje, un 45% más que en los últimos Juegos de Invierno de Salt Lake City en 2002. El COI decidió que las muestras se conserven durante ocho años.
Este asunto demuestra la necesidad urgente de que los Estados ratifiquen la Convención Internacional contra el Dopaje, adoptada por unanimidad por la Unesco el 19 de octubre, que no podrá entrar legalmente en vigor hasta 30 días después de que la ratifiquen al menos 30 países.
Esa ratificación no cambiaría el proceso de control y sanción antidopaje durante los Juegos de Invierno pero tendría un gran alcance simbólico, como recordó el presidente de la AMA, el canadiense Dick Pound, ante la Unesco.
El texto obliga a los Estados firmantes a acomodar sus prácticas al Código Mundial Antidopaje de la AMA, y a colaborar entre ellos y con los organismos supranacionales de lucha contra el dopaje.