Gobierno planea terminar con la Agencia antes de que acabe su mandato, pero eso le costará dinero.
Los bienes deteriorados que no logre vender la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) causarán un desfase en las cuentas que deberá asumir el Estado. Al menos son 2.800 millones de dólares, según la gerenta general de la AGD, Alejandra Cantos.
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Las cuentas de los diez bancos en saneamiento, a cargo de la Agencia, se están “limpiando” para cumplir con los planes de la actual administración: cerrar la AGD hasta el 2006.
Los directivos trabajan en un plan para finiquitar los temas pendientes y contratar una auditoría externa, con la cual se cerrará oficialmente el proceso de saneamiento y se pasará a la siguiente etapa: la liquidación, a cargo de la Superintendencia de Bancos.
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Entre los temas que se buscan solucionar están el pago a los depositantes, una entidad que maneje definitivamente el servicio eléctrico de Guayaquil y la venta de bienes grandes que están en el exterior.
El deterioro y la falta de compradores para 2.500 bienes en poder de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) generan un hueco patrimonial que hasta agosto pasado se ubicó en 2.800 millones de dólares.
“Lamentablemente (ese monto) va a tener que asumirlo el Estado”, para cerrar la entidad hasta el 2006, dijo la gerenta general Alejandra Cantos, quien se autoimpuso ese plazo como meta.
Ese déficit será mayor cuando se cierren todas las cuentas de los diez bancos en saneamiento y pasen a la fase de liquidación (a cargo de la Superintendencia de Bancos), advirtió la funcionaria.
La acumulación de bienes preocupa a la administración: hay 700 inmuebles, pero dos son macrolotes (proyectos de urbanizaciones que ahora se contabilizan por separado), juntos suman 2.500 dólares. Hace un par de semanas la gerencia decidió no aceptar más bienes como parte de pago.
El Estado ya está gastando con la AGD abierta. Los 486 empleados significan un egreso de 555.369 dólares mensuales (6,6 millones de dólares por cada uno de los siete años de funcionamiento). Despedir al personal no será problema porque está tercerizado, señaló Cantos.
El plan de cierre de la AGD está en elaboración y consta de tres etapas: pagar a todos los depositantes, conciliar cuentas con otras instituciones públicas y contratar una auditoría internacional.
La Agencia se creó en 1998 y “nació de una mentira y una estafa, porque nos dijeron que en un año la iban a arreglar”, sostuvo Cantos.
¿Quién seguirá los juicios pendientes? ¿Quién cobrará las deudas? ¿Quién asegurará los depósitos actuales? Son algunas interrogantes que aún no se resuelven. Hay propuestas, pero nada concreto, como que el Ministerio Público asuma la parte judicial.
La AGD se centra en el pago a los depositantes. Aún debe 44,4 millones de dólares y otros 97,6 millones en acreencias no garantizadas. Para ese grupo la solución se dará al útlimo, al momento de la liquidación.
Para definir la estrategia del cierre de la Agencia sus directivos realizan acercamientos con otras entidades y editorialistas para conseguir apoyo e ideas.
Pero desacuerdos no faltan. El Comité de Clientes del Banco del Progreso, presidido por Nicolás Brito, critica que se pretenda “perjudicarnos una vez más, no pagándonos los intereses”.
Este tema no tiene visos de análisis en la entidad, pues la gerenta dijo que la ley no le permite reconocer intereses.
El trabajo de cierre avanza y la AGD depura sus datos. Hasta agosto pasado, levantó las medidas cautelatorias sobre 7.206 personas que cancelaron sus cuentas o que fueron involucradas innecesariamente. Lo mismo se hizo con seis mil homónimos. El Tribunal Supremo Electoral verifica la base de datos para dar por concluido este tema.