Unos 35.000 m³ de madera se extraen al mes en Esmeraldas, el equivalente a 9.000 grandes árboles talados. Las empresas Endesa, Botrosa, Codesa, Setrafor, Plywood y Ligna, además de los comerciantes Napoleón Naveda y hermanos Riera, se dedican a esta labor.  Dirigentes de la etnia awá denuncian que los madereros ingresan ilegalmente en su reserva.

Un promedio de 300 grandes árboles se talan cada día en la provincia de Esmeraldas, indican  datos proporcionados por ambientalistas, empresas madereras y delegados del Ministerio del Ambiente en esa provincia.

Pese a que la extracción de  madera en este sector viene de hace décadas, la situación provoca alarma pues, según el Colegio de Ingenieros Forestales de Pichincha, Ecuador es el primer país que más se deforesta en Sudamérica. Esta entidad y organismos ambientalistas organizarán mañana un foro para discutir sobre el tema con la participación de las autoridades, diputados y otros actores.

Publicidad

Un recorrido de este Diario por la zona revela que existen pocos controles. Incluso la etnia Awá denuncia la explotación ilegal en su territorio. Igual sucede en la reserva indígena chachi.
 
La motosierra retumba. Sus dientes de acero abren una herida en el tronco añoso. El concierto de chicharras (insectos que emiten un silbido agudo) y aves desaparece y solo se escucha el rugir del aparato cuyo eco se esparce por el bosque. El árbol llora, agonizante deja brotar una sustancia lechosa y en instantes cae sobre otras especies. De inmediato, convertido en trozas, deja el bosque, halado por una maquinaria que lo deposita en un tráiler. Su destino, los aserraderos, procesadoras, talleres y carpinterías. Después, en forma de plywood, aglomerados y muebles de todo tipo estará en nuestros hogares.

La tala es como un rito de sacrificio. La montaña deja de ser virgen. En sus entrañas, un poderoso tractor derriba árboles y abre caminos para el acceso de hombres y máquinas taladores de árboles. El escenario es el bosque nativo del norte de Esmeraldas, reconocida hace décadas como la “Provincia verde”.

Aquel sacrificio del bosque se da todos los días del año, desde el alba al ocaso. En Esmeraldas, según estimativos de ecologistas y del Ministerio del Ambiente, cada mes se extraen unos 35.000 m³ de madera, lo que equivale a 9.000 grandes árboles talados. A eso se suma la explotación ilegal de comuneros y madereros particulares, cuya cifra se desconoce. De esta provincia sale la mitad de los 750.000 m de madera proveniente de bosque primario que se moviliza en el país durante el año.

Publicidad

Pese a que la explotación de bosques se da desde hace más de 30 años, en la actualidad es un problema que alarma. El presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Pichincha, Hans Thiel, señala que Ecuador “es el líder sudamericano en deforestación”, pues tiene una tasa cuatro veces más alta que sus vecinos. “Es una situación muy grave”, señala.

Datos del Ministerio del Ambiente refieren que un censo forestal de 1966 determinó que en Esmeraldas existían 1,5 millones de hectáreas de bosques nativos. Hoy, 38 años más tarde, se estima que han talado 1,3 millones.

Publicidad

Dos grupos de empresas explotan madera rolliza (que se usa para aglomerados) en esta provincia. Endesa, Botrosa, Codesa y Setrafor, del grupo Peña Durini; Plywood, del consorcio Álvarez-Barba. Además operan Ligna y los comerciantes Napoleón Naveda, hermanos Riera y otros, según la delegación del Ministerio del Ambiente en San Lorenzo.

La acometida al bosque se da por varios frentes, en jurisdicciones de los cantones Quinindé, San Lorenzo, Eloy Alfaro y Limones. En estos días, la mayor cantidad de madera sale de una zona aledaña al río Mataje, fronterizo con Colombia, como Guadualito, El Pan, Minas Viejas; también, de Los Ajos y otras comunidades del occidente de Borbón. Las tardes y noches, en San Francisco, km 25 de la vía San Lorenzo-Ibarra, se concentran decenas de tráilers a la espera de la carga.

Comuneros y un muestreo de este Diario establecen que por la Ibarra-San Lorenzo salen hasta 30 tráilers por día. Cada automotor lleva unos 40 m³ de madera en trozas, lo que representa entre ocho y diez árboles talados. En esta carretera, el único control que existe es de la Policía, en el sector Lita (Imbabura). Estos carros llevan madera rolliza, como sande, cuero de sapo, cuánguare, chalviande, para la industria de aglomerados, que exportan a Estados Unidos, Europa y Japón, especialmente.
Registros del Banco Central citan que en lo que va del 2005, el país exportó 112.406 toneladas de madera.

Las tablas y tablones salen cubiertos con carpas, en camiones y hasta en contenedores y van a los depósitos de las ciudades para vender a los fabricantes de muebles.

Publicidad

En esta cadena de explotación maderera participan como actores, además de las empresas o madereros particulares, los campesinos, transportistas y las propias autoridades locales, del Ministerio de Ambiente y de la Policía. Y esta cadena está saturada de denuncias mutuas de ilegalidades, de corrupción, de quemeimportismo de quienes deben vigilar.

Ni las reservas indígenas awá y chachi están libres. “Las compañías madereras nos han declarado la guerra. Están amenazando de muerte a nuestra gente a su paso por los bosques comunitarios que estas empresas están talando ilegalmente. Pero defenderemos estas tierras y bosques con todos los medios”, dice Olindo Nastacuaz, presidente de la Federación de Centros Awá del Ecuador.

Hasta hace dos semanas, maquinaria de la empresa Plywood extrajo árboles de sande en las comunidades awá Balzareño y La Sirena. En estos sitios se aprecia el camino abierto por maquinaria pesada, que cruzó por ríos y desbrozó el monte. La ministra del Ambiente, Ana Albán, fue invitada a constatar los daños y ordenó una investigación del caso.

Los awá hacen varias denuncias, que incluso involucran a las autoridades encargadas del control. Tala y extracción industrial ilegal de maderas en el territorio awá y en el bloque 13 del Patrimonio Forestal del Estado por parte de Plywood. Tala y extracción sin licencia por parte de Setrafor, en un área aledaña al territorio awá; construcción ilegal de vías.

El jefe técnico del Ministerio de Ambiente en San Lorenzo, Leoncio Marín, explica que toda la extracción en la zona se da con licencia de aprovechamiento forestal sustentable.

La empresa o el maderero particular debe presentar un programa de manejo sustentable para lo que se exige la escritura del predio, un acuerdo de compromiso notariado entre el comprador y el dueño de la tierra o la directiva de la comunidad, un mapa del área por explotar y un informe de inspección del regente (ingeniero forestal que hace de perito, con aval del Ministerio del Ambiente pero pagado por la extractora de madera). La aprobación se da luego del pago de una tasa de $ 3 por m³ de madera a extraerse, y $ 15 por licencia, registro y certificado de compromisos anteriores.

Solo en la Oficina de San Lorenzo hay permisos para extraer 9.500 m³ de madera cada mes, lo que le significa un ingreso al Estado de $ 28.500 en ese lapso. Cuando se trata de bosque primario no se exige la resiembra sino la tala de determinado número de árboles por hectárea, entre seis y diez por lo general.

Pero estas regulaciones no se cumplen. Leoncio Marín reconoce que no se puede hacer un control severo en el campo. Si el permiso es para sacar cinco árboles, es imposible evitar que se saquen diez, porque no hay personal para esa tarea, afirma. “Todo está en la conciencia del regente, pero él defiende a quien paga, que es el comprador de la madera”, asegura Marín. Dirigentes comunitarios culpan a las autoridades de complicidad.

Mientras las quejas y debates persisten, en el bosque esmeraldeño sigue retumbando el sonido de los tractores y motosierras y continúan cayendo más árboles.