La demanda del gobierno de EE. UU. en contra de las tabacaleras fue entablada en 1999, bajo el gobierno del presidente Bill Clinton, alegando las consecuencias devastadoras del tabaco sobre la salud de  la población.

El gobierno demócrata de Clinton había recurrido a numerosas acusaciones para realizar las demandas contra los fabricantes de cigarrillos, entre ellas la manipulación de las dosis de nicotina para aumentar la dependencia de los fumadores y la retención voluntaria de los resultados de investigaciones científicas que demostraban los riesgos para la salud.

Pero en junio pasado, el gobierno del presidente  republicano George W. Bush sorprendió al país al reducir espectacularmente sus exigencias financieras:  Solo pidió 10.000 millones de dólares para una campaña nacional dedicada a estimular el abandono del hábito de fumar, cuando gobiernos anteriores exigían 130.000 millones de dólares.

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Este cambio de postura provocó indignación en la oposición y en las organizaciones de lucha contra el tabaquismo, que interpretan esta reducción de  los reclamos ante la justicia como un regalo del Partido Republicano a uno de los más generosos donantes a sus campañas.