El ministro de Trabajo, Galo Chiriboga, suscribió la semana pasada un convenio con el Observatorio y Control Interamericano de los Derechos de los Migrantes (OCIM), con el objetivo de “identificar los pasos previos para la conformación oficial de una mesa de diálogo sobre la migración”.
Al mismo tiempo, el secretario del Parlamento Andino, Rubén Vélez, firmó un acuerdo con el OCIM para analizar el tema migratorio en la subregión andina.
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La suscripción de los documentos es el resultado del coloquio ‘La condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados’, que se realizó en los salones de la Cancillería en días pasados, donde se cuestionó la necesidad de crear una política migratoria.
Para la mesa se solicitará la participación de los delegados de los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobierno y Policía, la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, entre otras instituciones.
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La OCIM cuenta con representaciones en doce naciones del hemisferio y agrupa a asociaciones y entidades que trabajan en la problemática migratoria.
La iniciativa es vista como positiva por las organizaciones de migrantes, pero se exige que estas actividades se concreten en plazos cortos.
“Existen iniciativas y proyectos que solo se quedan en eso y ningún gobierno se interesa por el fenómeno migratorio”, dijo Juan Manzanilla, de la Asociación Rumiñahui.