El paro de Sucumbíos y Orellana, que empezó el lunes pasado y, sobre todo, la suspensión de las exportaciones de petróleo, desde el jueves, alteraron los planes de la ministra de Economía, Magdalena Barreiro.

Según la funcionaria, el impacto de la medida en la economía suma unos $ 500 millones, mientras que solo en el tema fiscal (en el gobierno central) el efecto llega a los $ 367 millones.

Para sustituir a esa fuente, ayer anunció que pedirá un crédito de $ 400 millones al Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y que enviará al Congreso la Ley de Burós de Crédito, con el fin de lograr un desembolso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $ 100 millones.

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Entre tanto, la emisión de bonos podría postergarse (estaba prevista para octubre próximo) si las condiciones de mercado empeoran, explicó Barreiro.

Ayer, el riesgo país -que indica el costo de la colocación de deuda- superó los 730 puntos y durante la mañana llegó a un tope de 742. Antes del paro se ubicó en 701, según  registros del Banco Central.

A ello se suma una pésima ubicación del país en las escalas de las calificadoras de riesgo internacionales (Fitch, Standard&Poor’s y Moody’s) que antes de la suspensión advirtieron problemas fiscales en Ecuador. Las consultas para decidir qué pasará con el cronograma de la emisión de bonos se efectuarán con los bancos de inversión que asesoran al Ministerio de Economía.